La justicia estadounidense examina su «posible implicación» en el caso de la expropiación de YPF
La Justicia de Estados Unidos estudia su "potencial participación" en el caso de la expropiación en 2012 de la petrolera argentina YPF, donde el Estado argentino está condenado a pagar 16.100 millones de dólares a inversores perjudicados.
Tras un litigio de ocho años, la jueza Loretta Preska falló a favor de los inversores, quienes buscan que Argentina transfiera la titularidad de las acciones de YPF. El fiscal Damian Williams informó a la jueza de esta posible intervención, solicitando que se retrase la decisión sobre la transferencia de acciones hasta después de las elecciones presidenciales en noviembre. Este conflicto ha recibido apoyo de países vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, mientras que expertos sugieren que Estados Unidos podría intervenir para evitar posibles consecuencias en las relaciones entre los dos países.
La Justicia de Estados Unidos dijo este lunes que estudia su “potencial participación” en el caso de Nueva York por la expropiación en 2012 de la petrolera argentina YPF, en el que el Estado argentino está condenado a pagar 16.100 millones de dólares a varios inversores perjudicados.
La jueza Loretta Preska falló a finales de 2023 a favor de Burford Capital y otros fondos tras un litigio de más de ocho años contra Argentina; el caso se centra ahora en el complicado cobro de la indemnización, para el que los beneficiarios han pedido que el Estado les transfiera la titularidad de sus acciones de YPF.
El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Damian Williams, envió hoy una carta a la jueza Preska, publicada en el archivo digital del caso, donde le informa de la “potencial participación” de la Justicia y dice que está “activamente considerando si interpone una declaración de interés” en la moción para la entrega de acciones.
“Estados Unidos espera estar en posición para informar al tribunal de su potencial participación en este asunto, y para interponer su declaración de interés si se le autoriza a ello, no más tarde del 6 de noviembre de 2024″, el día después de las elecciones presidenciales, indica la carta de la Fiscalía.
La Fiscalía pide por ello que la jueza Preska se “reserve la decisión sobre la moción pendiente” sobre la transferencia de acciones de YPF en manos de Argentina -que representa el 51% de la empresa- “hasta que haya tenido la oportunidad” de indicar formalmente ese interés en el caso.
La indemnización, un problema para el Gobierno de Javier Milei, está siendo apelada en un proceso paralelo donde Argentina ha recibido respaldo de vecinos como Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, que señalan que el fallo viola su soberanía y que puede perjudicar a las relaciones comerciales con la región.
El fiscal general de EEUU puede enviar a un funcionario de Justicia a “cuidar los intereses de EEUU en una demanda pendiente” en el país, pero el proceso relativo a la declaración de interés implica la coordinación entre agencias del Gobierno y la posterior luz verde del Departamento, lo que lleva tiempo, explica Williams.
El analista Sebastián Maril, director de Latam Advisors, opinó que EEUU podría recomendar a la jueza Preska que no ordene la transferencia de la titularidad de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo porque están involucradas las relaciones de dos naciones amigas, y quizás sugiera la figura de un mediador.
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