La solicitud de Juan Aliste Vega, condenado por matar a un carabinero, podría terminar entregándole al presidente José Antonio Kast un argumento inesperado para una de las decisiones más sensibles de su Gobierno.
Si concede un indulto humanitario al exlautarista por su cáncer terminal, sectores de la derecha ya están instalando públicamente la siguiente premisa: Kast deberá aplicar después la misma humanidad a condenados por violaciones a los derechos humanos que enfrenten condiciones similares.
Así, la solicitud de Aliste Vega comenzó a adquirir una segunda dimensión política. Ya no se discute solamente si corresponde permitir que pase sus últimos días fuera de la cárcel. También empieza a construirse alrededor de su caso un precedente que podría facilitar al propio Ejecutivo la defensa de futuros indultos a internos condenados por crímenes de lesa humanidad.
La solicitud fue ingresada el 5 de octubre ante el Ministerio de Justicia. La defensa pidió que Aliste pueda cumplir el saldo de su condena fuera de prisión, argumentando su cáncer terminal y deterioro de salud, bajo un criterio estrictamente humanitario, “transversales y no sectoriales”.
Las reacciones surgieron de inmediato en sectores del oficialismo y el argumento se repite en Republicanos, RN, la UDI y el Partido Nacional Libertario: si la enfermedad terminal justifica una medida humanitaria para Aliste, el criterio no puede cambiar dependiendo de quién sea el condenado.
El diputado republicano Cristián Araya lo explicitó así: “La justicia no es venganza. Si se evalúa el indulto por cáncer terminal a un exlautarista, el Presidente debe aplicar la misma humanidad a los internos de Punta Peuco con salud equivalente”, afirmó.
Su compañero de partido Luis Sánchez siguió la misma línea: “Los crímenes que cometió Juan Aliste Vega son atroces. Matar a un Carabinero es un delito terrible. A pesar de eso, nadie debe morir en la cárcel. Ese criterio lo aplicaremos a unos y otros”.
Pero Macarena Santelices no estuvo de acuerdo: “No comparto usar el indulto a un ex lautarista, condenado por el homicidio del cabo Luis Moyano, como moneda de cambio para facilitar otros indultos”, zanjó.
Desde RN, Diego Schalper dijo que “la pena no puede ser motivo de venganza”. A su juicio, cuando una persona está en condición terminal, “la pena pierde todo sentido”. “Por lo tanto, nos parece que este caso es perfectamente entendible”, agregó.
En el Partido Nacional Libertario (PNL) han presionado insistentemente a Kast para que cumpla su promesa de indultos; de hecho, fue tema de conversación en el encuentro que sostuvieron en las últimas horas.
Cristóbal Urruticoechea llevó directamente la discusión hacia otros recintos penitenciarios. Según afirmó, ante una enfermedad terminal debe primar la dignidad humana, “sin importar necesariamente desde el lado donde se quiera darle libertad a esa persona, ya sea Punta Peuco, sea Colina 1, sea otros sectores”.
La subjefa de bancada de ese partido, Paulina Muñoz, insistió en que esa regla debe ser transversal: “Eso corre para todos los lados. No para cuando nos conviene a nosotros o para cuando les conviene a otros”, señaló.
La independiente-UDI Marlene Pérez también planteó que “si vamos a hablar de razones humanitarias (…) ese criterio tiene que ser el mismo para todos”.
Pero el argumento de aplicar “el mismo criterio para todos” encuentra límites desde el derecho internacional de los derechos humanos. Sergio Fuenzalida, abogado y académico de la Universidad Central, sostiene que no es correcto equiparar automáticamente a una persona condenada por un delito común con alguien sentenciado por crímenes de lesa humanidad.
“La comparación es improcedente por tratarse de delitos graves, pero de distinta naturaleza”, explicó. Según señaló, en el caso de crímenes de lesa humanidad un eventual indulto solo podría analizarse de manera excepcional y bajo condiciones mucho más estrictas.
Fuenzalida menciona, entre otros factores, el cumplimiento de una parte sustantiva de la condena, la colaboración con la justicia, la reparación del daño y que la medida no afecte los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
La lectura que comienza a instalarse en la derecha también encendió alertas en la oposición.
El senador Iván Flores (DC) sostuvo que, aun cuando la petición de Aliste pueda “en principio parecer razonable por cuestiones humanitarias”, su eventual indulto podría abrir inmediatamente la discusión sobre condenados por crímenes de lesa humanidad:
“Abre una puerta inmediata y vinculante con otros indultos que no han prosperado y que tienen que ver con personas que han cometido crímenes de lesa humanidad”, afirmó, rechazando ambos escenarios: “Yo no estoy de acuerdo con lo que está pidiendo el señor Aliste y tampoco voy a estar nunca de acuerdo con que personas que han cometido delitos de lesa humanidad queden en libertad”, sostuvo.
Una posición contraria a equiparar ambos casos planteó la diputada Lorena Fries (FA). Dijo que en el caso de Aliste “evidentemente pueden haber razones humanitarias” pero reiteró que es partidaria de eliminar los indultos presidenciales: “Para crímenes [por] violaciones graves de derechos humanos no corresponde ningún mecanismo de exención de responsabilidad porque cumplir la pena es parte de la justicia y de la reparación”, enfatizó.
El diputado PPD José Montalva apuntó directamente contra la utilización política que podría hacerse del caso: “No apoyaría el indulto a Aliste ni usaría este caso para justificar indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos”, afirmó.
El efecto político para Kast es evidente: acoger la solicitud de Juan Aliste Vega podría darle al Gobierno un argumento de coherencia para sostener después que eventuales beneficios a condenados por violaciones a los DD.HH. no responden a una preferencia ideológica. La paradoja queda instalada antes incluso de que Kast resuelva la petición.
