Una nueva polémica golpea al Gobierno del presidente José Antonio Kast. Ahora los cuestionamientos apuntan al entorno del mandatario, círculo donde está contratado Romer Rubio Flores, abogado y exconcejal venezolano que trabaja en la Presidencia de la República. Las dudas recaen en que su título no tendría validez en Chile.
En concreto, el jurista oriundo de Venezuela y opositor al chavismo, se encuentra desempeñando como asesor en el Segundo Piso de La Moneda.
El caso lo dio a conocer Contrapoder -y constatada por BioBioChile vía Transparencia-.
Según describe en su perfil de LinkedIn, Romer Rubio fue concejal de Maracaibo entre 2013 y 2018 y, desde octubre de ese último año, se desempeñó como funcionario en el Gobierno de Chile -durante la segunda administración del expresidente Sebastián Piñera- hasta mayo de 2022.
En el mismo sitio se señala que trabajó como Profesor de la Universidad Central de Chile, además de desempeñarse como consultor académico en la Universidad Andrés Bello.
Y entre enero de 2025 y marzo de 2026, estuvo encargado de la Oficina de Migración de la Municipalidad de Independencia -gestión del actual alcalde Agustín Iglesias-. Desde entonces, llegó al Gobierno del presidente Kast.
En Transparencia Activa se indica que Rubio está contratado a honorarios como asesor “en el seguimiento de compromisos ministeriales y presidenciales, apoyando su reporte y coordinación con contrapartes técnicas”. Por esto recibe un sueldo bruto mensual de $2.850.000.
En el apartado de ‘Calificación profesional o formación’, se destaca que posee un Magíster en Gestión de Gobierno, el cual obtuvo en junio de 2024 en la Universidad Autónoma de Chile, según se observa en su perfil de Instagram. Esto, bajo la calificación académica de “abogado”.
No obstante, allí recaen las dudas sobre el autodenominado “profesor, investigador y político”. Tras un rastreo en el Buscador de Abogados del Poder Judicial, Romer Rubio no aparece en la plataforma.
Es decir, el activista político antichavista no tendría aún revalidado en Chile su título de abogado, obtenido en 2007 en la Universidad de Zulia en Venezuela.
Tras revisar nuevamente Transparencia, se evidencia que cuando trabajó en 2021 en la Subsecretaría del Interior -en el segundo gobierno de Piñera- desempeñando funciones de “asesoría en área de operaciones extranjería y migración”, esto lo realizó solo con la calificación profesional de Enseñanza Media.
Y tras buscar en el portal de Títulos Profesionales Extranjeros revalidados por la Universidad de Chile, tampoco es posible encontrar resultados sobre Romer Rubio.
En las redes sociales del hoy asesor del Segundo Piso de La Moneda, tampoco fue posible encontrar publicación alguna que permita acreditar que el jurista haya revalidado su título de abogado ante la Corte Suprema de Chile.
Cabe mencionar que actualmente no existe un tratado entre Chile y Venezuela que permita reconocer y validar de manera mutua los títulos profesionales obtenidos en cada país.
Así las cosas, al tratarse de países con los de Chile no tiene convenios, “en el caso de los licenciados en derecho o abogados, el reconocimiento que se efectúa mediante este proceso (ante Cancillería) no habilita para el ejercicio profesional. Sólo la Corte Suprema de Chile es quien otorga el correspondiente título de abogado, trámite que debe ser efectuado con posterioridad ante ésta“, sostiene el Gobierno al reconocimiento de títulos académicos para extranjeros.
BioBioChile realizó reiteradas consultas a la Presidencia de la República sobre el caso de Romer Rubio. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.
En tanto, Contrapoder informó que Contraloría dio un plazo de 10 días hábiles a la cartera de Gobierno para la entrega de un informe que con los antecedentes que corrobore la calidad de “experto” del exconcejal de Maracaibo.
“Se requiere a esa entidad informar detalladamente los fundamentos tenidos en consideración para calificar al señor Rubio Flores como experto, en particular, resulta necesario que remita los antecedentes curriculares, académicos, profesionales y de experiencia laboral considerados para adoptar dicha decisión, indicando de qué modo estos permiten concluir que el interesado posee conocimientos especializados o experiencia relevante para el desempeño de las funciones encomendadas, así como la relación existente entre tales antecedentes y las labores de asesoría especializada descritas en el acto administrativo respectivo”, señala el oficio del ente contralor enviado el miércoles.
BioBioChile consultó a Romer Rubio sobre el caso. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Vale señalar que esta polémica situación se suma a los casos ya conocidos como el de Lucy Depablos, activista venezolana que estuvo contratada en Servicio Civil, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, y donde percibió mensual hasta $5,6 millones. Esto, bajo cuestionamientos de no poseer título para el cargo de Jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana -lo que terminó en su renuncia tras la apertura de una indagatoria de Contraloría-.
Dentro de otras cuestionadas contrataciones también está el caso del joven Cristóbal Soto (19), estudiante de periodismo -es decir, sin título profesional-, quien ha recibido $1,9 millones brutos mensual por gestión de redes sociales y apoyo comunicacional en el Ministerio del Interior.
También se conoció hace unas semanas la contratación de Sofía Pumpin, periodista titulada en julio de 2025, como encargada de la coordinación e información de las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, “consolidando reportes y antecedentes que contribuyan a la coordinación territorial y al monitoreo de la situación país”. Todo lo anterior, por un sueldo de $2.350.000.
A ellos de suma Emilio Court Bengolea, estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad de Chile, quien fue contratado en la avanzada presidencial -es decir, cercano al círculo del presidente José Antonio Kast- como “experto en gestión administrativa” y “experto en producción general”, con pagos que ascienden hasta $3,7 millones brutos. Anteriormente fue parte de la Oficina del Presidente Electo (OPE).
Sobre el caso de Emilio Court, desde La Moneda explicaron a Radio Bío Bío que los $3,7 millones registrados en junio no corresponden a una remuneración mensual, sino a un pago acumulado debido a que Court no había recibido pagos durante marzo, abril y mayo. No obstante, en febrero recibió $1,7 millones brutos como “experto en gestión administrativa”, mientras que en marzo percibió otros $333 mil por labores relacionadas con el traspaso de mando.
Y recientemente se conoció que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Atacama, Javier Díaz Toro, asumió en el cargo apenas 9 meses después de titularse.
El actual jefe de la cartera regional -de 29 años- es Ingeniero Civil Industrial, egresado de la Universidad de Atacama (UDA). Así lo consignaba en su propio LinkedIn -hoy no disponible-, según revela FastCheck.
Al momento de su nombramiento, según consta en Instagram, la Secretaría Regional presentó a Díaz como un profesional con “amplia experiencia en la administración pública y en optimización de procesos”. No obstante, dos fuentes consultadas por el citado medio descartaron esa afirmación.
Hasta el momento, no habría rastro o evidencia que corrobore la “amplia experiencia” de Javier Díaz en el área del Transporte y Telecomunicaciones, tal como asegura la cartera regional.
Según pudo constatar BioBioChile a través de Transparencia Activa, el hoy Seremi de Transportes de Atacama recibe un sueldo bruto de más de $4,8 millones. En abril este fue de $5,6 millones.
