Al momento de dar a conocer más antecedentes sobre la “Operación Apocalipsis II“, el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, profundizó en cómo Álex Antonio Vega Torres utilizó su lugar de dirigente y se mantuvo como líder de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) a través de fraudes, con el fin de proteger la red de corrupción instalada en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
El persecutor precisó que posee antecedentes que se expondrán en la formalización y que dan cuenta de “fraudes cometidos para asegurarse las reelecciones, falsificaciones materiales de instrumentos para falsificar votos, firmas y, derechamente, sustraer incluso urnas con votos“.
Todo aquello fue realizado con el propósito de “asegurarse de que esta persona se mantuviera como dirigente sindical y desde ahí dar protección a quienes cometían los delitos que ya formalizamos”, tras la Operación Apocalipsis.
Además, Pastén señaló que Vega era funcionario de la planta de suboficiales de Gendarmería y que, mediante su rol en la Anfup, “él contaba con fuero sindical“.
“Aprovechándose de esa condición, estoy en condiciones de poder decir que se instaló en Santiago I y desde ahí desplegó una red de corrupción“, añadió.
Incluso, como parte de su modus operandi, cuando se intentaba el traslado de algún genarme implicado en la red, “inmediatamente la asociación lo esgrimía y lo levantaba como un problema de carácter gremial“, para impedir que se materializara.
“Usaron la asociación de la cual se hizo Vega al interior de Santiago I como una red de protección para estas agrupaciones ilícitas que operaban al interior de Santiago I”, recalcó.
El jefe nacional contra el crimen organizado, el prefecto inspector Erick Menay, destacó los allanamientos coordinados y simultáneos revelados esta jornada, donde se intervinieron penales en la región Metropolitana, región del Maule, la región del Bío Bío y en la región de Magallanes, además de 14 ingresos a domicilios.
Sobre los delitos investigados, Menay y la fiscal Tania Mora precisaron que son particularmente cohecho agravado, lavado de activos, apremios ilegítimos con resultado de muerte y falsificación de instrumento público.
A eso se suma el trabajo del personal de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (Brilac) de la PDI, cuya labor permitió pesquisar y congelar cuentas bancarias, e incautar bienes por más de $100 millones.
Por su parte, el fiscal Pastén recordó que en diciembre pasado se detuvo a 70 personas en la Operación Apocalipsis -de las cuales 44 eran funcionarios de Gendarmería-, cuyo monto total involucrado en delitos se cuantificó en cerca de $6.300 millones.
En tanto, en lo referido a Vega, se estableció que hay al menos más de $130 millones que están injustificados, contexto en el que se congelaron siete cuentas bancarias que estaban a su nombre.
En lo que respecta a la arista de la muerte de Rodolfo Muñoz Morales al interior de Santiago 1 en enero de 2018, Pastén confirmó que está vinculada a Vega y el entonces funcionario de Gendarmería Juan Farías Pumero.
Por su parte, la jefa del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, coronel Ingrid Rojas, valoró la captura de Vega, quien encabezó la asociación que contaba con el 28% del personal total de la institución.
Vale mencionar que Pastén sostuvo que solicitarían la ampliación de la detención de Vega, su cónyuge y Farías, aunque “en distintos plazos“, ya que se requiere analizar la evidencia hallada durante este miércoles.
