La muerte de un niño de 12 años en San Bernardo volvió a instalar una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿qué hacer cuando quienes protagonizan delitos violentos también son menores de edad?
La respuesta que prepara el Gobierno no pasa por bajar la edad de responsabilidad penal, como han planteado algunos sectores, sino por endurecer las consecuencias para quienes, teniendo 16 o 17 años, cometan delitos particularmente graves. La apuesta es otra: no mover la puerta de entrada al sistema, sino cambiar las reglas para quienes cruzan ciertos límites.
Según pudo conocer BioBioChile, la próxima semana, el Ejecutivo ingresará indicaciones a un proyecto que ya se discute en el Congreso y que podría modificar la forma en que Chile juzga a adolescentes involucrados en crímenes violentos.
La iniciativa se montará sobre un proyecto presentado en 2022 por el entonces diputado y hoy senador Andrés Longton, actualmente en segundo trámite en el Senado.
El corazón de la propuesta es la creación de un mecanismo de “transferencia judicial”. Traducido al lenguaje cotidiano: en ciertos delitos especialmente graves, un juez podría decidir que un adolescente de 16 o 17 años sea juzgado bajo las reglas del sistema penal adulto.
No sería automático ni aplicaría para cualquier delito. Secuestros, homicidios, atentados con explosivos o robos violentos forman parte del catálogo preliminar que estudia el Ejecutivo. La solicitud tendría que ser presentada por la Fiscalía y el tribunal deberá analizar factores como la gravedad del hecho, la participación del imputado, su historial delictual y el riesgo que representa para la sociedad antes de resolver.
En ese escenario, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, insistió este martes en que el Ejecutivo no está evaluando rebajar la edad de responsabilidad penal desde los 14 años.
“A nosotros nos parece que hoy día el tema debe abordarse desde la perspectiva de las reformas a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente”, sostuvo en entrevista con Radio Pauta.
El secretario de Estado recordó además que el límite actual responde a compromisos internacionales asumidos por Chile, particularmente a lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por eso, la estrategia apunta a endurecer el sistema existente antes que reemplazarlo.
Las indicaciones no se limitarán al mecanismo de transferencia. El Gobierno también busca incorporar formalmente la reincidencia y la reiteración de delitos dentro del sistema juvenil, algo que actualmente no existe como agravante específica.
Además, según explicaron desde el Ministerio de Justicia, para delitos graves, las penas máximas podrían duplicarse.
Rabat ejemplificó con casos de robos violentos como los portonazos: “cuando es cometido por menores entre 14 y 16 años, la penalidad se va a aumentar de 5 a 10 años”.
La idea es que la trayectoria delictiva deje de ser invisible para el sistema y que acumular delitos tenga efectos concretos al momento de fijar las condenas.
Otro de los cambios apunta a una situación que el Ejecutivo considera especialmente problemática: adolescentes que cometen delitos siendo menores, pero que alcanzan la mayoría de edad mientras cumplen condena. Actualmente, muchos continúan en centros juveniles incluso después de los 18 años.
El Gobierno pretende que quienes hayan sido condenados por delitos graves y todavía tengan penas pendientes sean trasladados a secciones juveniles dentro de cárceles de adultos.
Según Rabat, existen 611 cupos para este tipo de recintos especiales y actualmente solo se utilizan 61.
El ministro justificó el cambio señalando que mantener a jóvenes adultos junto a adolescentes genera “una contaminación criminal relevante”.
Las modificaciones también apuntan a los centros de internación juvenil. La intención es entregar mayores facultades a Gendarmería de Chile y al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil para reforzar controles en casos de alta complejidad.
La mirada del Ejecutivo es que hoy el control se limita principalmente al perímetro, mientras que el ingreso de drogas, encomiendas o elementos prohibidos sigue siendo una preocupación permanente.
“La experiencia da cuenta de que ello es así”, reconoció Rabat al ser consultado por situaciones irregulares al interior de algunos centros.
El Gobierno también empuja el proyecto de responsabilidad parental, que busca involucrar a madres, padres y cuidadores en procesos preventivos cuando menores de 14 años comienzan a vincularse con conductas delictivas. La lógica es sencilla: si el sistema penal comienza a operar recién a los 14 años, la prevención tiene que empezar mucho antes.
En paralelo, el Ejecutivo anunció que pondrá urgencia a un proyecto que crea un delito específico para castigar a organizaciones criminales y adultos que utilicen menores para cometer ilícitos.
