Chillán compró Medialuna por 3,276 millones: la recibió desmantelada, con deudas y un okupa.
Un informe de la Contraloría General de la República reprochó el proceso de compra de la medialuna de Chillán, por cuya transacción el municipio de la ciudad pagó más de $3 mil millones.
Entre otras cosas, la entidad constató que la administración comunal permitió a la parte vendedora desmantelar el inmueble posterior a la fecha de compraventa. Asimismo, recibió el recinto con deudas de servicios básicos y hasta un ocupante. Consultada por los reproches de la investigación administrativa, la Municipalidad explicó que compraron el predio con la intención de instalar un parque y que "nunca existió voluntad de adquirir los bienes existentes en la medialuna".
COMPRA MILLONARIA DE LA MEDIALUNA DE CHILLÁN
El proceso fue turbulento desde el principio, con denuncias anónimas y acusaciones cruzadas de irregularidades de parte de concejales, varias de ellas desechadas por Contraloría en primera instancia. Sin embargo, la entidad recibió nuevos antecedentes en 2023 que la llevaron a volver a revisar y detectar una serie de problemas en la venta.
A fines de 2021, el interés del municipio se hizo formal tras la autorización del concejo municipal, mediante dos acuerdos, en noviembre y diciembre. De acuerdo al informe, en ninguna de esas cláusulas se contempló el retiro de especies.
Casi un año después, el 5 de octubre de 2022, la Municipalidad de Chillán ratificó la decisión de compra mediante un decreto alcaldicio. Sin embargo, al día siguiente, Benavente suscribió con la parte vendedora un compromiso privado para permitir que retirara del inmueble recién comprado las graderías, corrales, estructuras de maderas, techumbres, ventanales y demás enseres en un plazo de 90 días.
De esta forma, de acuerdo al informe de Contraloría, se permitió “la transferencia a un privado, a título gratuito, de bienes de propiedad municipal, sin que se cumplieran los requisitos establecidos” en la normativa.
Con todo, recién el 5 de junio de 2023 el municipio oficializó el compromiso con los compradores mediante una escritura complementaria del contrato autorizando el retiro de los bienes muebles e inmuebles.
Un acto que fue reprochado por Contraloría: “No correspondía el retiro de las especies indicadas por la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno, por cuanto implicó la cesión a título gratuito de bienes de propiedad municipal a un tercero (…) siendo improcedente, por tanto, la suscripción de la escritura complementaria como la precedente autorización del concejo municipal”.
Pese a dichas regalías, la situación se transformó de todas formas en problema. A mediados de 2023 la prensa local aún reportaba complicaciones, pues se mantenían escombros de las graderías en el lugar.
Consultados por BioBioChile respecto de este punto, la Municipalidad subrayó que “nunca existió voluntad de adquirir los bienes muebles y los bienes inmuebles por adherencia existentes en la medialuna de Chillán”, ya que la compra tiene como objetivo “construir un nuevo gran parque para la ciudad”.
Asimismo, la casa edilicia afirmó que hubo una razón económica tras la decisión de permitir el retiro: “Atendido el deplorable estado de abandono de las construcciones existentes en el terreno vendido, existieron múltiples costos asociados al desarme, demolición, desmantelación y traslado de aquellas estructuras. Asimismo, existían edificaciones en evidente deterioro y abandono y que ni siquiera contaban con permiso de edificación ni recepción final de la Dirección de Obras”.
Con todo, “Contraloría incoará un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Chillán, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades descritas”.
CUENTAS PENDIENTES Y UN TRABAJADOR OKUPA
Sin embargo, las irregularidades fueron más allá de ese punto. La investigación especial de Contraloría también constató que el inmueble contaba con deudas de servicios básicos, derechos de aseo y la ocupación de un tercero.
A todas luces, se trata de un incumplimiento de la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno y del Club de Rodeo Chileno-Chillán al contrato de compraventa, pues la escritura especificaba que la propiedad se entregaría con todos los servicios al día, sin deudas.
En total, tras revisar boletas, informes y correos, Contraloría constató una deuda de $4 millones, donde la mayoría correspondía a agua potable ($3,2 millones). En tanto, $545 mil estaban pendientes de pago por derechos de aseo, durante seis años, entre 2016 y 2022; así como otros $220 mil por cuentas de luz.
Como si fuera poco, la CGR plantea que el municipio no ha operado el inmueble comprado en plenitud desde que se realizó la compraventa. Al momento de fiscalizar, Contraloría detectó que en el lugar residía un extrabajador del Club de Rodeo Chileno-Chillán, quien trabajó allí como cuidador por más de 28 años.
En ese lugar, por tanto, figuraba ocupando una vivienda de material ligero junto a su esposa, dos hijas y un nieto.
Ante dichas objeciones, tanto por las cuentas pendientes y la ocupación del trabajador, el municipio afirmó que impulsará una demanda civil contra la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por incumplimiento de contrato. También anunció un procedimiento disciplinario en la Dirección de Subsistencia y Recursos Físicos, para determinar responsabilidades por recepcionar el inmueble sin las cuentas pagadas.
Contraloría advirtió en su informe que Chillán deberá acreditar el pago de las deudas y mantener niveles de control para identificar oportunamente estas situaciones en el futuro. En tanto, también deberán realizar el desalojo de la persona que reside en el inmueble.
La casa edilicia recalcó, por su parte, que en su momento se notificó a la parte vendedora que debía cumplir a cabalidad el contrato para “efectuar el giro del cheque municipal para el pago íntegro de la compra del terreno”. En ese contexto, la entidad afirmó que hoy “todas las obligaciones del contrato se encuentran cumplidas a cabalidad tanto por parte del vendedor como del comprador”.
Ante ello, el GORE de Ñuble respondió que presentaron ante el Tribunal Electoral Regional un reclamo contra el consejero, de acuerdo con lo indicado en la ley. Por su parte, respecto al caso del concejal, Contraloría señaló que “la municipalidad deberá adoptar las medidas que en derecho correspondan ante el
actuar de los concejales, efectuando ante los organismos competentes cualquier irregularidad detectada”.
FALTA DE AUTORIZACIÓN Y CONFLICTOS DE INTERÉS
El municipio tampoco cumplió con otras formalidades, como solicitar la autorización a la Dirección de Presupuestos (Dipres) previo a la firma del contrato, pues en éste se comprometían pagos a futuro. Por el contrario, pidieron permiso meses más tarde, pese a que la normativa lo exige a la hora de firmar contratos o convenios de ese tipo.
La casa edilicia admitió dicha situación anómala y ordenará la apertura de un proceso disciplinario en la Dirección de Administración y Finanzas para determinar las responsabilidades respectivas. Por su parte, Contraloría subrayó también que esta materia será incluida en el procedimiento disciplinario que iniciarán ellos como institución.
Al margen, la CGR de Ñuble también apunta a una denuncia contra el concejal UDI Joseph Careaga Palma (realizada por sus pares), por votar a favor de la millonaria compra, pese a que el proceso de venta fue intermediado por una empresa en la que participaba el hermano de un socio de Careaga. Sin embargo, los acuerdos del concejo municipal habían sido votados en 2021, mientras que la sociedad en conflicto se constituyó después de esa fecha, en marzo 2022.
No obstante, Contraloría indicó que el edil sí votó en el acuerdo de mayo de 2023, en el que aprobaron el desmantelamiento del recinto. En aquella ocasión votó en contra, pese a que “al menos debió haberse abstenido”.
Al margen de la situación en el municipio, el informe también consignó un conflicto en el Consejo Regional, pues el Gobierno Regional de Ñuble aportó $2.300 millones de los $3.200 millones pagados al vendedor del terreno.
La votación fue unánime para asignar los dineros del Gobierno Regional al municipio, incluyendo el respaldo del core Rodrigo Dinamarca (ex RN, hoy UDI), pese a que su hermano Luis Dinamarca forma parte del directorio de la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno.
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