La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en cinco de los diez recintos de salud auditados durante el proceso de destrucción de estupefacientes decomisados por la PDI, Carabineros, Gendarmería y las Fuerzas de Orden, detectando que hubo retrasos de hasta 288 días en la recepción de las sustancias incautadas, y demoras de hasta 31 días en su destrucción.