**Asesinos a sueldo: Ex agente policial acusado de contratar criminales para eliminar informantes sobre su hijo.**

Aunque C. y M. nunca se habían cruzado en la vida, el destino les tenía reservado un trágico paralelismo. 


Los dos ofrecieron su testimonio en contra de un influyente líder del narcotráfico en Concepción, y lamentablemente, los dos pagaron con sus vidas por atreverse a hablar. Ahora, varios meses después de estos crueles asesinatos, un elemento adicional une sus casos. Las autoridades judiciales, en su investigación, han centrado su atención en un individuo como principal sospechoso: José Llanos Toledo, conocido en los bajos fondos como el Paco Checho. La lupa está puesta sobre él en relación con ambos homicidios.

El Ministerio Público formalizó a José Llanos Toledo, exgendarme y padre de un -sindicado por fuentes policiales- poderoso capo narco de Concepción, por ordenar la ejecución de M.G.M.G. La mujer correspondía a una testigo reservada que develó cómo —según la fiscalía— el dealer chileno, Franco Llanos Armijo, se asoció con sicarios del Tren de Aragua para eliminar a tres de sus rivales. Los cuerpos aparecieron repartidos en un triángulo conformado por tres comunas de la metrópolis penquista: Florida, Hualpén y San Pedro de la Paz.

Los hechos se remontan al 11 de octubre de 2023, cuando M. decidió hablar. Ante funcionarios de la PDI de Iquique delató a su exconviviente, Wilmer José Díaz Díaz, uno de los asesinos a sueldo.

En su alocución, bajo reserva de identidad, contó todo: que el sicario viajó al Bío Bío; que era porque “un muchacho narco de Concepción” le pidió matar a los asesinos de su cuñado; y que el periplo lo hizo acompañado por su amigo Kleiver, con quien vivía en Alto Hospicio.


LA EJECUCIÒN

Su denuncia no cayó nada de bien en la familia Llanos. De ahí que —según la Fiscalía Regional del Bío Bío— José, padre de Franco, decidiera montar un entramado que terminaría con la vida de M. La idea —sostiene el Ministerio Público— era evitar, con su muerte, que la testigo pudiera llegar a declarar en el juicio. Y, por ende, que el imputado zafara de los delitos por los que fue formalizado.

De acuerdo a antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la planificación de su ejecución comenzó entre fines de 2023 y comienzos de 2024, cuando la testigo ya había abandonado su residencia en Iquique donde convivía con el sicario, para radicarse en Ovalle. Para ese entonces también había rechazado cualquier protección del Ministerio Público, luego de que la reubicaran en Santiago, desde donde simplemente escapó y se perdió todo contacto con ella.

Aquí salta en escena Adrián Alexander Morales Ruzza, un venezolano de 22 años sindicado por fuentes judiciales como un asesino a sueldo, que en esa fecha se asoció con el Paco Checho para eliminar a M.

Si bien no está claro cómo averiguaron que la testigo estaba en la región de Coquimbo, lo cierto es que fue precisamente Morales Ruzza quien llegó en marzo de 2024 hasta La Diva Tropical a bordo de un Hyundai Grand i10. Lo hizo en junto a un sujeto desconocido aún no identificado, a eso de las 20:35 horas. Iban armados.

Según consta en el expediente, la espera en las afueras de la schopería ovallina se extendió hasta las 00:45 horas cuando Ruzza y compañía vieron salir a M. acompañada por dos hombres a bordo de dos motocicletas. La siguieron de cerca. Cinco minutos después, los sicarios vieron su oportunidad. Y la tomaron. Mientras M. cargaba combustible, Morales Ruzza se acercó sigilosamente entre unos arbustos y le disparó en al menos cinco oportunidades. M. no alcanzó a ser atendida. Murió en la estación de servicio de calle Socos. Traumatismo craneoencefálico y torácico por arma de fuego, se lee en su autopsia.


M y C

En vista de estos antecedentes, el Ministerio Público formalizó a José Llanos y a Morales Ruzza por el delito consumado de homicidio calificado. Este, sin embargo, no es el primer homicidio de un testigo que tiene al Paco Checho sentado en el banquillo de los acusados. A comienzos de este año fue a parar a la cárcel tras ser formalizado por el asesinato de C.A.A.C., otra pieza clave en la causa contra Franco, su hijo. Se trata de uno de los denunciantes, víctima y testigo, en la indagatoria por el sicariato contra rivales del dealer penquista. Vio, en primera persona, los hechos que dieron paso a las ejecuciones.

Fue por ello que Llanos Toledo —según la investigación del Ministerio Público— consiguió sicarios para que C. tampoco pudiera atestiguar.

La idea inicial del Paco Checho era amedrentarlo. El propio Llanos —de acuerdo a la indagatoria— lo contactó para que C. cambiara su testimonio y desviara la atención de los investigadores fuera de Franco, quien está en prisión preventiva por estos hechos desde diciembre de 2023.

Ante la negativa del denunciante, el plan cambió: C. debía morir. En sólo tres semanas, el Paco Checho logró montar la campaña para su ejecución.

 

Lo primero fue comprar un GPS. El dispositivo fue instalado el 19 de marzo de este año en el auto de la víctima, un Mazda 3, rojo. La diligencia fue concretada por miembros de la banda del Paco Checo, mientras el vehículo se encontraba estacionado afuera de la casa del testigo en Lorenzo Arenas, Concepción. Esto se sabe porque más tarde se descubriría que la cámara que el mismo C. tenía instalada en su domicilio los había captado.

Tres días después, la noche del 22 de marzo, el homicidio se puso en marcha. Ese día, C. asistió a la casa de familiares en San Pedro de la Paz. Hasta allí llegaron dos sicarios, a bordo de un Toyota Yaris blanco, sin parachoques. Los asesinos lo esperaron hasta cerca de las 2:00 de la madrugada del día siguiente. A esa hora, C. se despidió de sus parientes y enfiló de retorno a su hogar. El seguimiento —según información a la que tuvo acceso BBCL Investiga— fue discreto y a distancia, pero aún así alertó a la víctima.

De inmediato, C. se comunicó con familiares y amigos para advertirles que algo andaba mal. Tenía miedo. Sabía que lo estaban buscando. Por eso, intentó perder a sus seguidores. Y cuando pensó que lo había logrado, estacionó su Mazda en calle Sotomayor, en un barrio cercano a la Laguna Redonda, en Concepción. Eran cerca de las 03:00 de la mañana cuando se dispuso a esperar la ayuda en ese lugar.

Lo que C. no sabía era que por más que intentara perder a sus perseguidores, el GPS instalado en su auto no había dejado de funcionar: el dispositivo delataba cada uno de sus movimientos.

Los sicarios, con la información en tiempo real llegando a sus teléfonos, aparcaron a una distancia prudente. El copiloto descendió, caminó en dirección a la víctima, y por la ventana del chofer abrió fuego.

C. nunca lo vio acercarse: murió en el lugar, por varios disparos a la cabeza. Ese mismo día, los autores desactivarían el GPS.

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