Mario Marcel, Andrea Repetto, Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus son los economistas que firmaron una carta donde abordaron el actual proyecto de Sala Cuna Universal donde afirmaron que tras las indicaciones del Ejecutivo “sigue siendo, en lo grueso, la reforma correcta”.
Incluso, remarcaron que los temores sobre el financiamiento “no deberían frenarlo”, luego que la Superintendencia de Pensiones dijera que no habría riesgos para la sostenibilidad del Seguro de Cesantía -por la llamada ‘tajada’ para recortar un pequeño tramo de la cotización del Seguro, un 0,35%, en compensación por la nueva cotización para el Fondo de Sala Cuna-.
Con todo, afirmaron que existen tres modificaciones o “nudos” que, a juicio de ellos, deben ser corregidos.
Según la carta publicada hoy en El Mercurio, el grupo de expertos recordó que desde 1925, aquellas empresas que contrataon 20 o más mujeres deben financiar la sala cuna. Y si bien esto “pudo tener sentido en el pasado, hace mucho tiempo que trae más costos que beneficios. Es hora de cambiarla por una mejor”.
En las siguientes líneas, Huneeus, Marcel, Repetto y Velasco remarcaron que la ley afecta la contratación de mujeres y sus salarios -especialmente en empresas pequeñas-, además de los niños y niñas “porque el acceso a la sala cuna termina dependiendo de la situación laboral de la madre y del tamaño de la empresa donde trabaja”.
Y también impacta a las organizaciones en cuanto al encarecimiento de la contratación de personal “clave para su crecimiento”, asegurando que se está en presencia de una “triste paradoja”.
Ahora bien, en cuanto a las indicaciones del gobierno del presidente José Antonio Kast -donde se establece un Fondo de Sala Cuna a financiar con una cotización al empleador, compensada en igual magnitud con una rebaja al Seguro de Cesantía-, los economistas destacaron que “no agrega un costo laboral nuevo”.
“Lo fundamental es que el derecho se desacopla, como debe ser, de la decisión de contratar mujeres. Sigue siendo, en lo grueso, la reforma correcta. Pero el diseño tiene nudos que resolver”, advirtieron.
Según la carta de Huneeus, Marcel, Repetto y Velasco, la primera modifación que podría llevarse adelante es en la “oferta pública”, ya que el nuevo Fondo solo financia sala cunas privanas, dejando fuera las dde la Junji y las administradas por municipios y fundaciones como Integra.
Por ello, propusieron reponer el aporte del Fondo a la red pública “para financiar su extensión horaria y funcionamiento continuo. De poco sirve tener derecho a sala cuna si no hay establecimientos cerca del lugar del trabajo, si cierran en febrero o no acompañan la jornada laboral de la madre”, sostiene el texto publicado en El Mercurio.
En otro punto, señalan que se podrían acortar los plazos, permitiendo que llegue a todas las madres el primer año y a los padres en el segundo, ya que las tasas de uso previstas en el informe financiero del proyecto (70% y 40%, respectivamente) “parecen sobreestimadas, lo que abre holgura para avanzar más rápido”.
Además, si efectivamente sobran recursos, destacan que incluso se podría añadir a los niños de dos a cuatro años, “hoy en tierra de nadie”.
Y como tercer punto está que cada tres años, Hacienda fiajría el monto del aporte, lo dejaría espacio a la “tentación” de fijarlo a un nivel bajo para ahorrar. “Si el aporte no alcanza, la diferencia la pagará la familia o, peor aún, no habrá oferta”, sostuvieron, por lo que recomendaron que la ley mandate a Hacienda a segurir la recomendación de la comisión técnica.
Finalmente, respecto al financiamiento remarcaron que la Superintendencia continúe evaluando con informes rigurosos y períodicos para descartar cualquier impacto en el Seguro de Cesantía.
“Ninguno de estos reparos invalidad el proyecto. Al contrario lo mejoran (…) corregir los nudos del proyecto no debería ser la excusa para seguir esperando. Es hora de corregir y aprobar”, concluyeron.
