El concejal de San Felipe, Ronald Olivares, enfrenta una solicitud de destitución de su cargo de edil ante el Tribunal Electoral Regional de Valparaíso por una eventual infracción al principio de probidad administrativa, vinculada al uso de viáticos municipales durante una capacitación en Viña del Mar, región de Valparaíso.
Cabe recordar que el procedimiento se inició luego de que el edil denunciara inicialmente haber sido víctima de un secuestro. Posteriormente, el propio Olivares modificó esa versión y reconoció que había salido a comprar drogas y alcohol, además de permanecer consumiendo sustancias ilícitas.
En el marco de esta causa, la defensa del concejal solicitó que se realizara un examen toxicológico bajo resguardo judicial. Sin embargo, el Tribunal Electoral Regional dejó ahora sin efecto esa diligencia, debido a que no se completaron los antecedentes necesarios antes del cierre del período destinado a presentar pruebas.
Para concretar el análisis, el Servicio Médico Legal había requerido que la defensa precisara qué tipo de muestras debían ser examinadas. Esa información no fue entregada dentro del plazo establecido, por lo que el test no será incorporado al proceso.
Respecto de los elementos que deberá considerar el tribunal, el abogado penalista Cristián Canifrou explicó que no basta con atribuir de manera general un incumplimiento, sino que deben establecerse la conducta concreta del concejal y los antecedentes que permitan acreditar una eventual infracción.
“No basta con decir ‘el concejal incumplió sus deberes a propósito de tal conducta’. Hay que identificar qué deber incumplió o de que manera lo incumplió y con que antecedentes se acredita este hecho”, comentó.
“Si existiera efectivamente un deber jurídico incumplido, en ese sentido, este tribunal va a tener que contrastar esta conducta”, agregó.
Consultado por la resolución, el edil Ronald Olivares evitó referirse al examen y pidió abordar una denuncia que presentó ante Contraloría por eventuales irregularidades en la Municipalidad de San Felipe.
“Estamos abordando temas que son netamente más del área privada que cosas que realmente son importantes. Nadie le está dando relevancia a algo que eventualmente constituye delito”, expresó.
La petición había sido presentada después de que Olivares no asistiera en julio al examen capilar de drogas organizado por la Municipalidad de San Felipe para la alcaldesa y los integrantes del Concejo Municipal.
El edil fue el único concejal convocado que no participó de esa prueba.
Por su parte, la alcaldesa de San Felipe, Carmen Castillo señaló que tomó conocimiento de la resolución y que la conducción jurídica de la causa está a cargo de su abogado particular, Gabriel Osorio. La autoridad sostuvo que corresponde esperar el desarrollo del procedimiento y las decisiones que adopte el tribunal.
