El Ministerio de Educación ingresó a la Contraloría General de la República el reglamento que permitirá a los establecimientos educacionales implementar detectores de metales y otras tecnologías para detectar armas y elementos peligrosos.
El documento establece las condiciones para que los colegios puedan incorporar estos dispositivos, en medio de las preocupaciones por la seguridad y la presencia de elementos peligrosos en las comunidades escolares.
La instalación no será automática, por lo que los sostenedores deberán justificar la necesidad de implementar estos sistemas mediante antecedentes que acrediten riesgos concretos y demostrar que las medidas son proporcionales e idóneas.
El reglamento contempla detectores de metales, dispositivos manuales y sistemas automatizados de detección de amenazas. También fija restricciones para proteger la privacidad, como que los equipos no podrán generar imágenes del cuerpo ni utilizar reconocimiento facial o biométrico.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, si bien no se considera como un opositor a la medida, a su juicio, es excesiva.
“En donde las comunidades consideren que el detector les podría dar alguna tranquilidad y un alivio momentáneo, nunca nos hemos opuesto a que eso pueda implementarse, pero proponerlo, como se hizo en un momento, como la solución al problema de violencia, es sencillamente un exceso”, criticó.
La directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, planteó algo que considera como una incoherencia dentro del reglamento ingresado por el Gobierno a la Contraloría.
“Regula cómo se aprueba la instalación del aparato y no qué es lo que pasa con el estudiante cuando suena la alarma. También hay una incoherencia: la revisión de mochilas de la Ley Escuelas Protegidas tiene que informar sus resultados cada semestre, mientras que un pórtico que revisa a todos los estudiantes todos los días no tiene que dar cuenta de nada”, advirtió.
Para implementar estas tecnologías, los establecimientos deberán elaborar un protocolo interno que detalle su funcionamiento y los procedimientos ante la detección de elementos peligrosos. Además, se requerirá un informe técnico de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la aprobación de la Subsecretaría de Educación.
La normativa también contempla garantías para los estudiantes, como informar previamente a la comunidad educativa y comunicar a los apoderados cuando se detecten elementos peligrosos. Los procedimientos deberán respetar la privacidad, evitar la discriminación arbitraria y considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Una vez que Contraloría revise el reglamento y se cumplan los trámites correspondientes, los establecimientos podrán avanzar en las solicitudes para implementar estos dispositivos. El objetivo es reforzar la seguridad escolar, bajo condiciones y resguardos establecidos por la normativa.
