El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Beltrán (RN), anunció que solicitará convocar a una sesión especial para abordar las irregularidades detectadas por la Contraloría en el pago de subsidios de arriendo.
Esto, luego de que un informe del organismo fiscalizador detectara, entre otros antecedentes, que se entregaron subsidios a 168 personas fallecidas, además de recursos comprometidos por más de $238 millones.
Beltrán calificó los hechos como “una vergüenza nacional” y cuestionó que se hayan desembolsado recursos públicos de este tipo mientras miles de familias continúan esperando una solución habitacional.
“No es posible que se hayan entregado este tipo de subsidios habiendo tanta necesidad en nuestro país”, sostuvo el parlamentario, quien agregó que lo ocurrido constituye “una irresponsabilidad enorme”.
Ante los antecedentes, el diputado adelantó que propondrá a los integrantes de la Comisión de Vivienda adoptar los acuerdos necesarios para realizar una sesión especial, donde tanto la Contraloría como el Ministerio de Vivienda deberán entregar explicaciones.
En concreto, Beltrán solicitará que la Contraloría exponga ante la comisión el contenido y alcance del Informe N° 314, mientras que el Minvu deberá informar sobre las medidas adoptadas tras conocer las irregularidades.
Asimismo, buscará que la cartera detalle el estado de la investigación sumaria ordenada por el organismo fiscalizador, las acciones para regularizar los recursos involucrados ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y si los mecanismos de control comprometidos actualmente se encuentran operativos.
“El Congreso tiene el deber de fiscalizar estos hechos. Estamos hablando de antecedentes ocurridos bajo la administración anterior, pero el informe es de julio de este año y, por lo tanto, existen nuevos antecedentes que debemos conocer y esclarecer”, afirmó.
Uno de los puntos que preocupa al diputado es la recuperación de los recursos que fueron pagados indebidamente. Beltrán sostuvo que poner término posteriormente a los contratos no resuelve el problema del dinero que ya fue desembolsado.
“Me parece indispensable que se nos informe si se está gestionando la restitución de los montos percibidos indebidamente”, señaló.
En esa línea, enfatizó que el propio informe de Contraloría establece que terminar los contratos con posterioridad “no subsana el gasto que ya se materializó”.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Vivienda sostuvo que el caso debe ser abordado desde la perspectiva del funcionamiento de los controles del Estado y no únicamente desde eventuales responsabilidades políticas.
“Esto no es una discusión sobre personas, es una discusión sobre si el Estado sabe o no sabe a quién le está pagando”, concluyó Beltrán, advirtiendo que las fallas en los controles terminan afectando a las familias que llevan años esperando una solución habitacional.
