La decisión de reemplazar al senador Pedro Araya en la Comisión de Constitución, dejándolo fuera de su presidencia, abrió un nuevo conflicto en la oposición. El parlamentario, que se enteró de la medida por la prensa, terminó pagando el costo político de sus acercamientos con el Gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, la ofensiva impulsada desde el comité que integra el Partido Socialista podría tensionar el acuerdo administrativo que contempla la llegada de Alfonso de Urresti a la presidencia del Senado en marzo de 2027.
El Partido Socialista decidió marcar un límite a Pedro Araya, pero el movimiento podría terminar complicando sus propios planes en el Senado.
La determinación de reemplazar al parlamentario independiente en la Comisión de Constitución dejó al descubierto las diferencias acumuladas por sus negociaciones con La Moneda y abrió interrogantes sobre la continuidad del acuerdo administrativo que distribuyó las presidencias de las comisiones y de la Cámara Alta.
Y es que el mismo PS que impulsó el desplazamiento de Araya deberá conseguir, dentro de pocos meses, que los distintos sectores políticos respeten el entendimiento que contempla la llegada del socialista Alfonso de Urresti a la presidencia del Senado.
Según antecedentes recabados por Radio Bío Bío, Araya no fue informado previamente de la decisión y se enteró por los medios de comunicación de las gestiones para apartarlo del cargo.
La decisión responde a una serie de desencuentros que deterioraron la relación del senador con los partidos que integran el comité parlamentario.
Como informó anteriormente BioBioChile, uno de los principales focos de tensión surgió por la reforma constitucional de seguridad, donde Araya comenzó a negociar con parlamentarios oficialistas, entre ellos Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos).
A ello se sumaron sus acercamientos con el Gobierno por la denominada ley de reconstrucción y una reunión con el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, de la que, según fuentes del sector, no informó previamente a sus aliados.
Pero existía otro factor que profundizó el malestar.
En el trabajo cotidiano de la Comisión de Constitución, Araya adoptó posiciones coincidentes con parlamentarios oficialistas en distintas iniciativas, dejando en minoría a representantes de la oposición en determinadas votaciones.
El escenario resultaba especialmente incómodo considerando que, mediante el acuerdo administrativo de marzo, los partidos opositores habían conseguido asegurar una mayoría en la comisión durante el primer año legislativo.
Desde esa perspectiva, el problema no era únicamente que Araya negociara con La Moneda, sino que lo hiciera sin la coordinación que sus aliados consideraban necesaria.
La decisión quedó plasmada en un documento cuya presentación llamó la atención. Escrito a mano, con una caligrafía apresurada y difícil de descifrar, más parecida a una receta médica que a una comunicación oficial, el papel lleva el timbre del Senado y está dirigido al secretario general de la corporación, Luis Rojas.
En unas pocas líneas se solicita reemplazar a Pedro Araya por Vlado Mirosevic como integrante de la Comisión de Constitución, a contar de la presentación del escrito. La comunicación, fechada el 19 de octubre de 2026 y suscrita por representantes del comité PS-PPD e independientes, contrasta por su informal apariencia con el peso político de la decisión que contiene.
Aunque el documento no solicita expresamente removerlo de la presidencia, su reemplazo como integrante de la comisión implica dejarlo fuera de la conducción de esa instancia.
Una vez conocida la determinación, comenzaron las gestiones para evitar que el conflicto escalara.
Durante la noche del lunes se realizaron contactos para intentar que el PS reconsiderara su decisión. Los llamados involucraron a dirigentes y parlamentarios socialistas y del PPD, preocupados por las consecuencias del movimiento.
El principal riesgo para el PS está en marzo de 2027.
De acuerdo con el entendimiento administrativo alcanzado al inicio del período legislativo, al senador socialista Alfonso de Urresti le correspondería asumir la presidencia de la Cámara Alta el próximo año.
La inquietud radica en que el acuerdo funciona sobre la base de compromisos recíprocos entre los distintos sectores políticos. Si una de las partes modifica unilateralmente la distribución de cargos, se abre espacio para que otras cuestionen los términos del entendimiento.
En ese escenario, el PS podría enfrentar dificultades para exigir el cumplimiento del pacto cuando llegue el turno de De Urresti de asumir la presidencia del Senado.
La pregunta que comenzó a circular entre parlamentarios es si los sectores de derecha mantendrán los mismos incentivos para respetar el acuerdo después de que el socialismo promoviera un cambio en la conducción de una comisión relevante.
Por ahora, no existen antecedentes que permitan afirmar que la presidencia de De Urresti esté efectivamente comprometida ni que los partidos oficialistas hayan decidido desconocer el pacto. No obstante, fuentes del sector advierten que la controversia podría generar un efecto dominó y abrir nuevas negociaciones sobre la distribución de los espacios de poder en el Senado.
Desde el Gobierno observaron con atención el movimiento, aunque evitaron involucrarse directamente en una determinación que corresponde al Senado.
El ministro del Interior y vocero de La Moneda, Claudio Alvarado, recordó que las presidencias de las comisiones forman parte de un acuerdo político transversal alcanzado en marzo.
“Si se altera ese acuerdo que se produjo en marzo de este año, me imagino que el Senado irá a plantear si se revisa ese acuerdo o se acepta este cambio”, advirtió.
Pero el ministro fue más allá y cuestionó directamente el trasfondo político de la decisión.
“Yo creo que acá puede estar predominando una visión que es negarle todo al Gobierno”, afirmó, vinculando el episodio con las críticas que han recibido otros parlamentarios opositores por participar en negociaciones con La Moneda.
A juicio del secretario de Estado, el desplazamiento de Araya refleja una tensión entre la autonomía de los legisladores y las decisiones de las dirigencias partidarias.
“Los parlamentarios están para ejercer su libertad y para hacer lo que estimen que es mejor para el país, no para obedecer las directrices de partidos que toman la decisión de oponerse a todo lo que el Gobierno proponga”, cuestionó.
El vocero también acusó una falta de disposición para construir alternativas legislativas.
“Aquí parece que es oponerse y oponerse y oponerse y no proponer”, remató.
El conflicto deja al descubierto dos disputas que se entrecruzan en el Senado: los límites que la oposición busca establecer frente a parlamentarios que negocian individualmente con el Gobierno y la estabilidad de los acuerdos administrativos que distribuyen los espacios de poder.
En septiembre, BioBioChile ya había dado cuenta de las tensiones provocadas por el papel de Araya en las negociaciones de seguridad. Ahora, los cuestionamientos internos se transformaron en una decisión concreta sobre la composición de una de las comisiones más relevantes de la Cámara Alta.
El PS impulsó el desplazamiento de Araya, pero ahora enfrenta el desafío de evitar que esa decisión termine afectando sus propios intereses.
Mientras el socialismo busca recuperar la coordinación política en Constitución, deberá procurar que el castigo al senador independiente no complique el acuerdo que permitiría instalar a Alfonso de Urresti en la presidencia del Senado en 2027.
