La Fiscalía Local de Iquique investigará a la seremi de la Mujer y la Equidad de Género de Tarapacá, Lucrecia Mena Acosta (RN), por un eventual delito de fraude de subvenciones, a raíz de una denuncia relacionada con el presunto uso indebido de licencias médicas.
Según informó Radio Paulina, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) de Tarapacá, luego de una fiscalización que detectó presuntas irregularidades durante los períodos de reposo médico de la actual autoridad, entre 2022 y 2024.
En ese entonces, Mena se desempeñaba como funcionaria del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).
De acuerdo con la investigación difundida por el medio regional, la Compin rechazó 18 licencias médicas de la autoridad tras establecer que habría desarrollado actividades políticas, dirigenciales y comerciales mientras se encontraba con reposo.
La decisión se fundamentó en el incumplimiento de las normas que regulan las licencias médicas, particularmente las relacionadas con la obligación de respetar el reposo y la prohibición de realizar trabajos durante esos períodos.
La presidenta de la Compin de Tarapacá, Cleopatra Delgado, ordenó gestionar la recuperación de los subsidios pagados y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que se investiguen eventuales responsabilidades penales.
En el documento enviado a la Fiscalía, la autoridad sostuvo que la conducta atribuida a Mena excedería una mera infracción administrativa, debido a la presunta percepción de subsidios estatales mientras habría desarrollado actividades por otras vías.
Inicialmente, los antecedentes fueron recibidos por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, que posteriormente los derivó a la Fiscalía Regional de Tarapacá, según consignó Radio Paulina.
Desde esta última repartición confirmaron que la denuncia será investigada por la Fiscalía Local de Iquique, en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).
El Ministerio Público precisó que la causa se encuentra desformalizada, es decir, que hasta ahora no se ha formalizado una investigación contra la autoridad ante un tribunal.
