El Gobierno acordó con senadores que presiden comisiones clave del Congreso un plan para acelerar la tramitación de 24 proyectos de ley de seguridad pública, además del ingreso de otras seis iniciativas. El entendimiento contempla dedicar al menos la mitad de las sesiones de la Comisión de Constitución del Senado a estas materias, agrupar proyectos similares y distribuir su tramitación entre ambas cámaras para evitar retrasos.
La agenda de seguridad volvió a instalarse entre las prioridades legislativas del Ejecutivo. Durante la tarde del miércoles, los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, sostuvieron una reunión con parlamentarios y asesores para establecer un orden de tramitación de las iniciativas vinculadas al combate del crimen organizado y el terrorismo.
El encuentro permitió avanzar en un acuerdo político que contempla 24 proyectos que ya se encuentran en el Congreso y otros seis que el Gobierno ingresará próximamente, según consta en una minuta denominada Acuerdo Político por la Seguridad Pública, a la que accedió BioBioChile.
El documento clasifica las iniciativas de acuerdo con su extensión y complejidad: aquellas que requieren modificaciones puntuales a la legislación, proyectos breves que cambian uno o dos artículos y reformas más extensas que crean nuevas leyes o modifican distintos cuerpos legales.
La intención es ordenar su discusión y evitar que las iniciativas queden acumuladas en una misma comisión, especialmente en Constitución del Senado, donde existe una importante carga legislativa.
Uno de los participantes fue el presidente de esa instancia, el senador independiente-PPD Pedro Araya, quien explicó que se acordó intercalar la tramitación de proyectos entre la Cámara de Diputados y el Senado, además de agrupar aquellos que persiguen objetivos similares.
“La reunión con los ministros tuvo por objeto planificar la agenda de seguridad pública y ver cuáles iban a ser los proyectos prioritarios que se iban a tratar en cada comisión”, señaló.
El parlamentario agregó que al menos la mitad de las sesiones de Constitución estarán destinadas a iniciativas de seguridad pública.
“Como la Comisión de Constitución del Senado tiene una alta sobrecarga de trabajo, acordamos que a lo menos la mitad de las sesiones que realice la Comisión de Constitución se van a dedicar a temas de seguridad pública”, explicó.
Asimismo, sostuvo que se decidió agrupar las propuestas según las materias que abordan, con el objetivo de optimizar los tiempos de discusión.
Entre las iniciativas consideradas en el acuerdo aparecen proyectos que actualmente se encuentran en distintas etapas de tramitación.
Uno de ellos es el que establece la legítima defensa privilegiada para funcionarios policiales de franco, que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
También figuran el control de identidad por parte de las Fuerzas Armadas durante estados de excepción, el aumento de penas por quebrantamiento de condena y la sanción al reclutamiento de menores por organizaciones criminales.
En materia migratoria, el acuerdo incorpora la reforma que busca ampliar el plazo de retención de extranjeros, iniciativa que fue rechazada en general en la Cámara de Diputados y cuya insistencia está pendiente.
A ella se suman proyectos para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva, sancionar el ingreso clandestino y perfeccionar los procedimientos de expulsión administrativa.
El listado también contempla reformas a la responsabilidad penal adolescente, mayores sanciones por delitos contra comunidades educativas y la prohibición de penas sustitutivas para determinados delitos.
En el ámbito policial, aparecen iniciativas para modernizar e incentivar la carrera funcionaria de Carabineros, fortalecer la Policía de Investigaciones y ampliar las capacidades de los laboratorios policiales para realizar análisis de ADN.
Entre los proyectos más avanzados están las reglas de uso de la fuerza y el perfeccionamiento de la expulsión administrativa, ambos despachados por sus respectivas comisiones mixtas y pendientes de votación en las salas de la Cámara y el Senado.
La minuta también incluye la protección de infraestructura crítica, el juicio oral en ausencia y nuevas exigencias de declaraciones de intereses y patrimonio para funcionarios de Carabineros y la PDI.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Karim Bianchi, destacó el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo y puso especial énfasis en un proyecto de su autoría que busca modificar la Ley 18.216 para que condenados por delitos como sicariato, secuestro extorsivo y tráfico de armas deban cumplir sus penas en la cárcel.
La iniciativa, a la que el Gobierno otorgó urgencia, busca actualizar la legislación frente a nuevas modalidades delictivas vinculadas al crimen organizado.
“Adaptar la Ley 18.216 a un nuevo catálogo de delitos, de tal manera que estas personas no puedan tener penas sustitutivas, sino que cumplan su pena en la cárcel”, explicó el parlamentario.
“Por eso queremos parar la puerta giratoria y nos parece importante este proyecto”, enfatizó.
Bianchi también valoró que el acuerdo permita establecer un orden de discusión de las iniciativas de seguridad, en lugar de mantener una extensa lista de proyectos sin prioridades definidas.
“Nos parece importante que, más allá de tener proyectos dispersos en una lista, tengamos la priorización: cuál vamos a ver primero, cuáles van a ser las urgencias y cómo vamos a avanzar en un camino organizado”, señaló.
Finalmente, el senador planteó que destrabar la discusión de la reforma constitucional permitirá concentrar los esfuerzos en las demás iniciativas de seguridad.
“El destrabar la agenda que se estaba tomando o concentrando el tema mediático que tiene que ver con la reforma constitucional nos permite también poder avanzar en lo que es importante, que es la agenda legislativa”, concluyó.
Además de ordenar los proyectos que ya se encuentran en el Congreso, el acuerdo identifica seis nuevas iniciativas que el Ejecutivo tiene previsto presentar.
Una de las principales es una ley orgánica constitucional de Gendarmería de Chile, considerada una reforma extensa y cuya tramitación comenzaría en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Otra propuesta es la creación de una Agencia de Gestión y Liquidación de Bienes Decomisados, organismo que requerirá una nueva ley y modificaciones a la legislación sobre drogas y al Código Procesal Penal.
La tercera corresponde a una agenda de modernización de la Policía de Investigaciones, que contempla cambios orgánicos a la institución.
Las otras tres propuestas se concentran en el funcionamiento del sistema penal y penitenciario.
Una de ellas permitirá regular las audiencias telemáticas para personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad, mediante una modificación al Código Procesal Penal.
También se contempla fortalecer el carácter cautelar de la prisión preventiva, a través de modificaciones a dos artículos del mismo cuerpo legal.
Finalmente, el Ejecutivo prepara un proyecto para reforzar las atribuciones de Gendarmería en la determinación del recinto penitenciario donde debe cumplirse la prisión preventiva.
Según la minuta, las seis iniciativas se encuentran pendientes de ingreso y su discusión comenzaría en distintas comisiones de la Cámara de Diputados. El documento no establece fechas específicas para su presentación.
El acuerdo legislativo también está condicionado por el calendario del Congreso, especialmente por la próxima discusión del Presupuesto 2027, que concentrará buena parte del trabajo parlamentario durante las siguientes semanas.
Por ello, el senador Pedro Araya espera que la Comisión de Constitución pueda resolver primero uno de los proyectos que mantiene pendientes, antes de concentrarse en la agenda de seguridad.
“Esperamos, volviendo de la semana regional, poder despachar la ley que prorroga la entrada en vigencia de la Ley de Datos Personales y, a partir de eso, poder dedicarnos exclusivamente a la agenda de seguridad antes de que comience fuertemente la discusión de presupuesto en el Senado”, afirmó.
De esta manera, el Ejecutivo y los parlamentarios buscarán aprovechar las próximas semanas para avanzar en las iniciativas que cuentan con mayor desarrollo legislativo, mientras preparan la discusión de las nuevas reformas.
El principal desafío será convertir el acuerdo de prioridades en avances concretos, considerando que los proyectos están distribuidos entre distintas comisiones, algunos todavía deben superar su primer trámite constitucional y otros requieren votaciones pendientes en ambas cámaras.
La coordinación permitirá ordenar el trabajo legislativo, aunque no garantiza por sí sola la aprobación de las iniciativas, que deberán cumplir sus respectivas etapas de discusión y votación en el Congreso.
