Remuneraciones que van desde los $5 millones hasta superar los $12 millones mensuales reciben algunos de los agregados presidenciales del Gobierno de José Antonio Kast en el extranjero. Las cifras salen a la luz en medio de los cuestionamientos por las nominaciones de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert y del actor Luis Gnecco.
Según antecedentes publicados por The Clinic, hasta octubre la administración de Kast contaba con siete agregados presidenciales destinados a embajadas y organismos internacionales, cuyos sueldos varían dependiendo del país donde desempeñan sus funciones.
Entre las remuneraciones más altas aparecen las de María Ángela Ruz y Manuel Galilea, ambos destinados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, Francia.
Ruz, abogada de profesión, recibe US$12.309 mensuales, mientras que Galilea, ingeniero comercial, percibe US$12.307. En ambos casos, los montos equivalen aproximadamente a $12,3 millones, según las cifras consignadas por el citado medio.
Les siguen Roberto Valdés, periodista destinado a la Embajada de Chile en Perú, con US$11.248 mensuales, y Álvaro Pillado, abogado que cumple funciones en España, con US$10.938.
En tanto, Pablo Celedón, agregado ante la Organización de Estados Americanos (OEA), recibe US$6.208, mientras que James Gatica, destinado a la Embajada de Chile en Argentina, percibe US$4.936.
La nómina incluye además a Camila Jordán, quien desempeña funciones en Ginebra, Suiza, aunque su remuneración no figuraba en el portal de Transparencia al momento de la publicación.
Los antecedentes se conocen en medio de las críticas por el regreso de Trinidad Steinert al Ejecutivo, esta vez para asumir funciones de seguridad en Paraguay.
Su nombramiento generó cuestionamientos incluso desde sectores oficialistas, donde algunos calificaron su nuevo destino como un “premio de consuelo” tras su salida del Ministerio de Seguridad.
A ello se suma la designación del actor Luis Gnecco como agregado cultural en Reino Unido, confirmada por Cancillería.
Ambas nominaciones provocaron reparos de la Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera (Adica), desde donde cuestionaron una eventual duplicación de funciones, especialmente considerando el discurso de austeridad fiscal del Gobierno.
La Ley 21.080, que modernizó el Ministerio de Relaciones Exteriores en 2018, permite al Presidente nombrar hasta 33 agregados a contrata para cumplir funciones en el extranjero.
La normativa establece que sus remuneraciones no pueden superar las correspondientes a funcionarios de Cuarta Categoría Exterior de la planta A, como primeros secretarios o cónsules de primera clase.
También exige experiencia y conocimientos de idiomas adecuados para las funciones asignadas.
La controversia tiene antecedentes en gobiernos anteriores. Durante la administración de Gabriel Boric fue cuestionada la designación de Carlos Berger como agregado cultural en España, quien llegó a percibir US$12.028 mensuales.
En el segundo mandato de Michelle Bachelet, en tanto, también generó críticas el nombramiento de Florencia Lagos Neumann como agregada cultural en Cuba, cargo por el que recibía US$2.194 mensuales.