¿Se pierden alimentos en Chile? Una columna de opinión puso en discusión el tema, trayendo a colación uno de los aspectos incluidos en la Ley de Modernización Tributaria de 2020 (N.° 21.210) y que, según la autora del escrito, la norma “sigue a medio aplicar”.
Publicada por El Mercurio, la columna titulada “Donar en vez de destruir”, escrita por la presidenta de The Global FoodBanking Network, Lisa Moon, sostiene que la ley de inicios de la década puso a Chile en la vanguardia al permitir que las empresas descuenten como gasto alimentos y productos de primera necesidad.
La condición para este beneficio es que tales artículos -cuya comercialización se ha vuelto inviable- conserven sus condiciones para consumo y que sean entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro para su distribución gratuita, consumo o uso entre personas naturales de escasos recursos, según la circular 53 del Servicio de Impuestos Internos (SII).
A su vez, las instituciones deben estar inscritas ante el Serivicio y deben acreditar formalmente la entrega gratuida de los alimentos ante el SII.
La lista de productos incluye alimentos aptos para el consumo humano, productos de higiene y aseo personal, y productos de aseo y limpieza; pañales en todas sus formas o presentaciones, jabones líquidos y sólidos destinados exclusivamente al aseo personal; champúes, bálsamos acondicionadores, dentífricos, desodorantes, toallas higiénicas femeninas, papel higiénico, alimentos para mascotas, entre varios otros.
De esta forma, la ley privilegia y fomenta la entrega de estos bienes, a lo que se suman productos farmacéuticos a establecimientos asistenciales públicos o privados para que sean entregados a pacientes, también de forma gratuita.
Por el contrario, se sanciona la “destrucción voluntaria” de estos bienes con un impuesto único del 40% de su valor.
Ahora bien, la también CEO de la organización, que en Chile tiene presencia mediante Red de Alimentos, apunta que “seis años después, esta norma sigue a medio aplicar”.
Si bien sostiene que la regulación del SII cubre solo a establecimientos al público de manera presencial y no a productores, importadores y distribuidores —pese a que la circular sí los menciona—, también cuestiona que “admite excepciones tan amplias que en la práctica se siguen destruyendo toneladas de alimentos y productos de higiene personal y aseo que podrían ser entregados gratuitamente a personas necesitadas”.
“Mientras tanto, más de 1,3 millones de personas viven en pobreza extrema en Chile y 700 mil sufren hambre severa”, agregó el escrito publicado en El Mercurio.
En este sentido, la Encuesta Casen 2024 reveló que un 6,9% de la población vive en pobreza extrema, unos 1.381.221 personas, mientras que un 10,4% está en pobreza no extrema. Es decir, 2.097.143 millones.
“Respetando la autonomía y determinación de los países, quisiéramos recomendar a los organismos del Estado involucrados que se dicte de una vez una normativa que aplique el texto y espíritu de la ley en toda su extensión. No requiere recursos fiscales: solo voluntad para que lo que puede consumirse o usarse, especialmente los alimentos, llegue a quienes lo necesitan y no termine en la basura”, concluyó Lisa Moon.
Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) sostiene que, en base a la información disponible, un 38,1% de los residuos domiciliarios son de materia orgánica, con un 30% frutas y hortalizas aún comestibles.
Sobre la Ley N.° 21.210, la investigación la destaca como un avance importante en la promoción para la entrega de alimentos no comercializables, con un aumento sostenido en los volúmenes entregados desde 2022, junto a una mayor articulación entre el sector privado y social.
Sin embargo, sí se advierte de la necesidad de mejorar los sistemas de monitoreo, registro y trazabilidad de las entregas; contar con criterios interpretativos consistentes y, a su vez, se subrayan desafíos operativos y normativos, junto con una escasa difusión de la ley, lo que da pie a su desconocimiento e incluso confusión en su uso.
“En conjunto, los hallazgos del estudio muestran avances relevantes, pero también la necesidad de consolidar el marco institucional y las capacidades técnicas que permitan que la normativa cumpla plenamente su objetivo”, concluyó la FAO.
A nivel internacional, alrededor de un 13% de alimentos producidos se pierde antes de llegar a los comercios minoristas, mientras un 19% se desperdicia en los hogares. En 2024, más de 673 millones de personas padecían hambre y unos 2.300 millones estaban bajo inseguridad alimentaria moderada o grave, equivalente al 28% de la población mundial.
