La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados condenó la eventual delegación de funciones jurisdiccionales por parte de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rosa Aguirre, quien habría encargado durante años la elaboración de fallos de sentencia a una abogada externa, a cambio de pagos mensuales.
La situación fue dada a conocer por La Tercera, que informó que la magistrada habría mantenido este vínculo informal durante casi dos décadas con la abogada Damaris Silva.
Durante más de diez años habría realizado transferencias mensuales por $300 mil a la profesional. Los antecedentes derivaron en una demanda laboral presentada en Santiago, que terminó con un acuerdo económico confidencial entre ambas partes.
La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, sostuvo que los hechos deben ser investigados mediante un procedimiento que garantice el debido proceso y evitó emitir un juicio definitivo mientras no se esclarezcan las responsabilidades.
Sin embargo, advirtió que, de confirmarse los antecedentes, se trataría de una vulneración gravísima de la función jurisdiccional, considerando que la elaboración y resolución de las sentencias corresponde exclusivamente a los jueces y no puede ser delegada en terceros ajenos a los tribunales.
En tanto, Aldo Fendez, abogado laboral, indicó que lo importante es revisar cómo se desarrolló realmente la prestación de servicios, más allá de lo que las partes hayan establecido en documentos o acuerdos.
Por su parte, Hernández agregó que este tipo de situaciones compromete la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Por esto, afirmó que un eventual acuerdo confidencial entre las involucradas no elimina el interés público de lo ocurrido. Así, llamó a esclarecer los hechos a la brevedad y señaló que, si se confirman, la asociación los condenará directamente.
