El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), cuestionó este lunes el reciente dictamen de la Contraloría General de la República que concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus atribuciones legales al solicitar a la PDI antecedentes sobre funcionarios que participaban en una investigación penal en curso.
Todo esto, en momentos en que la oposición evalúa impulsar una comisión investigadora e, incluso, algunos diputados no descartan una eventual acusación constitucional contra la exsecretaria de Estado del presidente José Antonio Kast.
Alessandri afirmó que, a su juicio, difícilmente existe tiempo para que el Congreso avance en ese tipo de iniciativas.
“No hay tiempo para eso”, sostuvo el legislador, aunque aprovechó de poner el foco en otro aspecto del caso, cuestionando el pronunciamiento emitido por el órgano encabezado por la contralora Dorothy Pérez.
“Hay que mirar con detención lo que la Contraloría está haciendo en ese dictamen. Está dando una opinión sobre una persona de confianza política”, afirmó.
Alessandri aseguró que consultó a abogados especialistas en derecho administrativo y sostuvo que el pronunciamiento del ente fiscalizador marcaría un precedente.
“Tuve un Zoom con abogados expertos en estos temas el día de ayer y es algo que la Contraloría no había hecho en nuestro país. Algunos sienten que se está pasando de sus atribuciones, que lo que hizo la ministra no constituía conflicto de interés, no estaba hablando de algo que la beneficiara a ella”, indicó.
El diputado insistió en que, si bien valora el trabajo que ha desarrollado la Contraloría en distintos casos de connotación pública, ello no impide revisar el alcance de este dictamen.
“Hay que tener ojo con la Contraloría. Ha sido maravillosa en muchas cosas, nos ha permitido detectar el fraude de las licencias médicas. Pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos, que es el Congreso y el Presidente de la República”, afirmó.
En esa línea, agregó que corresponde al mandatario nombrar a sus ministros, mientras que el organismo contralor debe “velar por el buen uso de los recursos públicos y por la legalidad de los actos”. “Me gusta recordar el marco en que se mueve Chile, porque a veces nos olvidamos de eso”, cerró.
La semana pasada, la Contraloría General de la República concluyó que Trinidad Steinert actuó fuera del marco de las atribuciones que le entregaba la ley al requerir a la PDI antecedentes detallados sobre detectives que participaban en una investigación penal vigente.
El organismo determinó que la información solicitada no era necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio de Seguridad y advirtió que esos requerimientos incluso podían afectar una investigación en curso.
Además, sostuvo que la entonces ministra incumplió el deber de abstención, considerando que la brigada policial sobre la que pidió antecedentes había trabajado previamente con ella cuando se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá.
El pronunciamiento de la Contraloría abrió un nuevo frente político para el Gobierno. Por estos días, la oposición se encuentra estudiando las acciones a seguir, dentro de las cuales se evalúan tanto una comisión especial investigadora en la cámara como una acusación constitucional.
