La persistente tensión en los pasillos del Congreso, alimentada por lo que ya se tildó como la “temporada de acusaciones constitucionales”, terminó por activar una contraofensiva transversal, luego que un grupo de parlamentarios decidiera presentar una reforma constitucional que busca, en la práctica, elevar la valla técnica y los quórums necesarios para tramitar estos libelos, limitando lo que califican como un desborde político de la herramienta.
La iniciativa, que tensiona el tablero de la fiscalización parlamentaria, está comandada por el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, junto al senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, y la presidenta de RN, la senadora Andrea Balladares.
El diseño, sin embargo, apostó por la transversalidad al sumar las firmas de los diputados Luis Pardo, Claudia Mora y Gael Yeomans, además del senador Diego Ibáñez, configurando un bloque que cruza distintos sectores políticos.
Para los impulsores del proyecto, este fenómeno no solo genera un evidente desgaste institucional y profundiza la polarización, sino que termina por paralizar la gestión de las autoridades, sin importar el color político del gobierno de turno.
De hecho, los autores de la propuesta advirtieron que la ciudadanía ya no percibe estas acusaciones como un control serio, sino más bien como una pérdida de tiempo y una disputa estéril entre políticos que ocurre en paralelo a urgencias no resueltas, como el avance de la delincuencia, el estancamiento económico y el crecimiento de las listas de espera en salud.
El corazón de la propuesta apunta directamente a modificar el artículo 52 de la Constitución a través de cuatro candados principales. El primero ataca el origen del documento, duplicando el patrocinio requerido para presentar una acusación, elevándolo de 10 a un mínimo de 20 diputados.
El segundo cambio eleva el costo de su aprobación: ya no bastará con la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala, sino que se exigirá el respaldo de la mayoría de los diputados en ejercicio, fijando un piso político obligatorio de al menos 78 votos.
Las otras dos modificaciones apuntan al control de daños sobre el gabinete. Por un lado, se introduce una regla de gradualidad obligatoria para el caso de los ministros de Estado, exigiendo la realización previa de una interpelación como una forma de agotar el diálogo político antes de activar la opción de la destitución.
Por el otro, se eleva el estándar jurídico al modificar la causal aplicable a los secretarios de Estado, obligando a que las infracciones a la Constitución o las leyes deban ser cometidas de manera “abierta”, es decir, bajo un carácter manifiesto y plenamente comprobable.
Al respecto, el diputado Diego Schalper argumentó que el Congreso no resiste una tercera temporada de estas características, alertando sobre el riesgo de banalizar un recurso institucional para transformarlo en parte de la guerrilla política de la polarización.
“Nosotros creemos que esto tiene que cambiar, y por lo mismo hemos presentado una reforma constitucional, que lo que hace es fortalecer la acusación constitucional, exigirle más firmas para que venga mucho más empoderada, establecer que para acusar a un ministro de Estado y que realmente esto sea de última ratio, usted tenga que interpelarlo, y, de esa manera, poder configurar bien sus responsabilidades. Y, por último, exigir un quórum de aprobación de al menos 78 diputados para darle un carácter de seriedad”, explicó.
Pese al blindaje que propone el texto, los legisladores insistieron en que la propuesta no asfixia las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino que resguarda la legitimidad de un instrumento que, a su juicio, solo debe activarse cuando existan fundamentos sólidos y un amplio consenso político.
