Luego de 15 días del anuncio, la oposición finalmente presentó la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
El libelo se funda en la causal de infracción de la Constitución o las leyes, contenida en el artículo 52 N° 2, letra b), de la Carta Fundamental; y abre una tramitación que podría terminar con la destitución del secretario de Estado, si la acusación prospera en la Cámara y posteriormente en el Senado.
Los argumentos preparados por la oposición apuntan a las rebajas otorgadas a agresores sexuales de menores, pero también a los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad y eventuales incumplimientos en la entrega de información para fiscalizar esas decisiones.
Ante eso, el subsecretario de la Segegob y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, dijo en TVN que “por fin la presentaron (la acusación constitucional), ya llevábamos más de 15 días con esta teleserie política”.
Además, criticó los fundamentos del libelo: “Hicieron un texto, hasta conozco bastante liviano, que no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional”.
“El ministro responderá, es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien en esa acusación constitucional, porque una acusación así de liviana, así de mal preparada, así de ideológicamente sesgada, creo que no puede tener ningún triunfo en el Congreso”, sentenció.
Las rebajas que la ley prohibía
El primer capítulo se centra en las 56 rebajas de condena que el Ministerio concedió entre junio y septiembre a personas condenadas por violación y abuso sexual de menores de edad. La minuta consigna que la Ley N° 21.421, de 2022, “los excluye expresamente del beneficio”. La acusación individualiza 22 decretos conocidos por la prensa y subraya que “ninguno se dictó por orden de un tribunal en la causa respectiva”.
El texto sostiene que el ministro concedió esos beneficios “pese a que el artículo 17, letra e), de la Ley N° 19.856, modificado por la Ley N° 21.421, lo prohíbe expresamente”. Añade que la ley dispone que sus beneficios “no tendrán lugar en caso alguno” para estos delitos y que el reglamento ordena dictar el decreto de rechazo cuando concurre la causal.
La minuta también imputa al ministro haber desatendido el interés superior del niño. Señala que el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 21.430 obligan a considerarlo primordialmente. “Ningún decreto lo pondera, y no consta que las víctimas fueran escuchadas o informadas”, afirma el documento.
El libelo agrega que el ministro cometió abuso de poder al convertir fallos favorables a algunos condenados en una regla general. “Las sentencias sólo obligan en la causa que resuelven”, recuerda, y apunta que invocó la eficiencia y “la conveniencia de evitar la judicialización”. También le reprocha haberse abocado a causas pendientes y haber infringido la ley por omisión al suspender la tramitación de las postulaciones.
Tres agentes de la dictadura en libertad
El segundo capítulo aborda la reducción de penas de tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad. Según la minuta, el Ministerio aplicó solo la Ley N° 19.856 y no hizo el examen individual que exigen la Constitución y los tratados para evaluar si los condenados habían colaborado con la justicia, si reconocían los hechos, si contribuyeron a la reparación de las víctimas y qué efectos tendría su salida sobre ellas. Uno de los beneficiados fue condenado por el secuestro de cinco personas que siguen desaparecidas.
El documento consigna que los decretos declaran que el Ministerio “no está habilitado para denegar el beneficio (…) fundado en la gravedad del delito”. Frente a ello, recuerda que “la Comisión Interamericana le pidió a Chile justamente lo contrario”. También apunta que el ministro se apartó sin explicación del criterio aplicado por el ministerio: coautores del mismo crimen recibieron respuestas opuestas, con rechazo en 2025 respaldado por la Corte Suprema y concesión en 2026 por Rabat.
La minuta subraya que el ministro tenía la competencia para resolver en sentido contrario. “La ley le encarga otorgar o rechazar el beneficio, su ley orgánica le encarga revisar la normativa a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y su ministerio rechazó estas rebajas en 2025”, sostiene el texto.
El documento advierte que la rebaja es definitiva y que los tres condenados ya están libres. Sostiene que volver a reducir estas penas expone al Estado a una nueva responsabilidad internacional y que la decisión afecta a familias de personas desaparecidas. Añade que la medida la adoptó precisamente el ministerio encargado de proteger los derechos humanos.
La información ante el Congreso
El tercer capítulo se enfoca en la información que el ministro entregó al Congreso. La minuta consigna que ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y ante la Sala de la Cámara, el 28 de octubre, Rabat afirmó que su cartera “simplemente formaliza” lo que deciden las comisiones de reducción de condenas y que la Corte Suprema lo obligaba. Además, exhibió un decreto del gobierno anterior que, según el documento, no era comparable.
El libelo imputa a esa conducta una infracción al principio de probidad. Cita el artículo 8° de la Constitución, que obliga a cumplirlo estrictamente, y el artículo 52 de la Ley N° 18.575, que exige “un desempeño honesto y leal de la función o cargo”. “No hay desempeño honesto cuando un ministro informa a otro poder del Estado hechos falsos o incompletos”, afirma el texto.
La minuta agrega que el ministro faltó a la verdad ante el órgano que lo fiscaliza, en sesiones transmitidas por televisión. Señala que algunos parlamentarios difundieron el decreto de 2025 como si la víctima fuera una niña y que el ministro sabía que no eran casos comparables, porque su ministerio litigó esos amparos y el decreto estaba en sus archivos. “No corrigió ni rectificó la información”, consigna el documento revisado por este medio.
