El Ministerio de Relaciones Exteriores descartó discriminación en la desvinculación de la exembajadora de Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien exige el reintegro, disculpas públicas y una suma total de $100 millones de pesos.
Según la acción judicial, Pakarati habría sido objeto de una campaña de desacreditación después de expresar públicamente su apoyo a la libre determinación de Rapa Nui, publicación que hizo a través de sus redes y obligó al Gobierno de Gabriel Boric a removerla del cargo.
En su demanda, la diplomática de carrera acusa a funcionarios de la Cancillería de participar en acciones que, a su juicio, contribuyeron al hostigamiento y cuestionamiento de su labor.
Tras regresar a Chile a comienzos de 2026, Pakarati fue destinada a la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública, algo que duró muy poco, luego que el Gobierno de José Antonio Kast la desvinculara.
La afectada contó a La Radio que la demanda de tutela se basa en una supuesta doble sanción que a su juicio se le aplicó al haberla removido de la Embajada de Nueva Zelanda en enero y luego su desvinculación de la Diplomacia Pública.
“El Gobierno de José Antonio Kast solicitó mi renuncia del Servicio Exterior invocando pérdida de confianza por un hecho que ya había sido sancionado en enero de este año, seis meses después, por el mismo hecho, se me pide la desvinculación definitiva. Eso se llama doble sanción, no se puede juzgar dos veces por un mismo hecho“, denunció Pakarati.
La exembajadora solicita su reintegro al servicio exterior, disculpas públicas e indemnizaciones que superan los $100 millones. También pide eliminar antecedentes que considera perjudiciales para su trayectoria.
La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, evitó fijar posición en la disputa laboral, pero pidió que se tengan todos los antecedentes a la vista y se respete el debido proceso en este tipo de casos.
“Lo que sí me parece fundamental es que, tratándose de funcionarios de carrera, las decisiones estén debidamente fundamentadas, se respete el debido proceso y exista claridad respecto de los criterios utilizados”, zanjó.
La Radio consultó a Cancillería, desde donde enviaron un escueto escrito donde aseguran que actuaron con pleno apego a las facultades legales consagradas en la Constitución, ya que el cargo de embajador es una nominación de exclusiva confianza del jefe de Estado.
Agregan que la decisión se tomó luego de ponderar los antecedentes del caso y tras la decisión del Gobierno anterior de removerla como embajadora en Nueva Zelanda.
