Lo que comenzó como una denuncia de la propia Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar terminó, este jueves, con un amplio operativo de la Policía de Investigaciones que alcanzó dependencias del organismo, domicilios en distintas ciudades y oficinas del Congreso Nacional.
Más de 80 funcionarios de la PDI participaron en los allanamientos ordenados por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La diligencia permitió incautar teléfonos, computadores y documentos, mientras la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente busca esclarecer una serie de delitos que podrían estar vinculados con las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La investigación tiene como principal foco a la empresa Soser S.A., una de las firmas proveedoras de alimentación de Junaeb. Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público ante el tribunal, se indaga un eventual esquema destinado a favorecer a la compañía en procesos de contratación pública.
La Fiscalía investiga posibles delitos de fraude al fisco, fraude informático, falsificación, cohecho, lavado de activos y responsabilidad penal de la empresa. Entre los antecedentes aparecen presuntas raciones declaradas por sobre las efectivamente entregadas, certificados falsificados para justificar pagos con recursos públicos y registros adulterados en los sistemas de Junaeb. También se indaga la eventual distribución de alimentos contaminados en establecimientos de la región de O’Higgins.
Pero la arista que llevó el caso a un nivel político es otra: el Ministerio Público sospecha que habría existido un mecanismo para obtener información reservada, influir en procesos administrativos y favorecer a Soser en licitaciones, mediante eventuales beneficios económicos o laborales.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, en ese esquema habrían participado ejecutivos de la empresa, lobbistas informales, funcionarios de Junaeb y personas vinculadas al Congreso. La Fiscalía también indaga posibles presiones para apartar a funcionarios que ejercían labores de fiscalización.
El actual director nacional de Junaeb, Fernando Peña, aseguró este jueves que la causa se originó precisamente a partir de una denuncia presentada por la institución.
Según explicó, durante una revisión realizada en el marco del plan “Auditoría Total” del Gobierno se detectaron antecedentes que generaron sospechas sobre licitaciones efectuadas durante la administración anterior. La denuncia se concentró inicialmente en una situación ocurrida en O’Higgins y relacionada con Soser.
Peña mencionó entre las personas que quedaron bajo investigación al exjefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, y a la exdirectora del organismo, Camila Rubio. El actual director sostuvo que la información conocida durante la jornada muestra hechos que calificó como graves y manifestó su disposición a continuar entregando antecedentes al Ministerio Público.
La indagatoria, sin embargo, terminó ampliándose más allá de los funcionarios y exfuncionarios de la institución.
Las diligencias de este jueves incluyeron dependencias del Congreso Nacional vinculadas a los senadores Sergio Gahona (UDI) y el independiente de la bancada Evópoli, Miguel Ángel Calisto, quienes aparecen individualizados como imputados en la investigación.
La Fiscalía había obtenido autorización judicial para revisar sus teléfonos y computadores, además de correos institucionales y antecedentes bancarios. Las medidas buscan establecer si existieron comunicaciones relacionadas con la entrega de información reservada, las licitaciones investigadas o gestiones que pudieran haber favorecido a Soser.
La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina confirmó que el eventual rol de los dos parlamentarios podría enmarcarse en delitos de cohecho, aunque evitó entregar detalles debido al carácter reservado de la investigación.
El senador Calisto, por su parte, confirmó durante la noche que entregó voluntariamente su teléfono y acceso a sus cuentas corrientes. Aseguró no tener participación en los hechos investigados y sostuvo que espera que el proceso permita demostrar su inocencia. También recordó que ha realizado acciones de fiscalización relacionadas con Junaeb.
La operación no se limitó a Santiago. La PDI informó que los más de 80 funcionarios desplegados participaron en diligencias en distintas comunas de la Región Metropolitana y también en Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.
La resolución judicial autorizó el registro de ocho inmuebles ubicados en Vitacura, Lo Barnechea, La Florida, Coquimbo, Viña del Mar, Santiago y Copiapó, además de dependencias del Congreso. Los investigadores quedaron facultados para incautar teléfonos, computadores, discos duros, documentos, respaldos de movimientos de dinero y otros elementos relacionados con los delitos investigados.
El tribunal también permitió acceder al contenido de los dispositivos, incluyendo mensajes, fotografías, correos electrónicos, registros de llamadas y datos de geolocalización. A esto se suma el levantamiento de información bancaria correspondiente, en términos generales, al período que va desde enero de 2018 hasta la fecha de la resolución.
Existe además una arista relacionada con una eventual omisión de denuncia. La Fiscalía obtuvo autorización para revisar los correos y nubes institucionales de cinco funcionarios de Junaeb que habrían conocido una advertencia judicial relacionada con las supuestas raciones infladas y que, pese a ello, no habrían presentado una denuncia. Esa revisión quedó acotada a los primeros cuatro meses de 2025.
Tras el operativo, la Fiscalía calificó las diligencias como exitosas y señaló que obtuvo los elementos que necesitaba para continuar avanzando en la causa. Por ahora, no existen detenidos.
La investigación permanece bajo reserva. La fiscal Encina indicó que, una vez analizados los antecedentes incautados, el Ministerio Público deberá evaluar eventuales formalizaciones y, en el caso de los parlamentarios, posibles solicitudes de desafuero.
Desde el Senado, en tanto, se manifestó disposición a colaborar con la investigación y se llamó a respetar la presunción de inocencia. La Cámara Alta remarcó que una investigación, una diligencia judicial o la aparición de una persona en antecedentes preliminares no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad.
Así, el caso Junaeb queda abierto en varias direcciones: una investigación sobre las licitaciones del PAE y la actuación de SOSER; una arista que apunta a exfuncionarios del organismo; una eventual omisión de denuncia; y una nueva línea que alcanza a parlamentarios en ejercicio.
El desafío para la Fiscalía será ahora reconstruir, a partir de teléfonos, correos, documentos y movimientos financieros, si las distintas piezas corresponden efectivamente a una red de corrupción y cuáles fueron los roles que desempeñó cada uno de los involucrados. Por ahora, la causa continúa en etapa investigativa y las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales.
