El Gobierno deberá usar su muñeca política si quiere lograr la ratificación de Daniel Montalva como ministro suplente del Tribunal Constitucional (TC). La nominación del abogado se encuentra en suspenso luego de que se levantaran alarmas entre los senadores por una posible inhabilidad y su falta de especialización en Derecho Constitucional.
Se trata de un apetecido cargo: el TC es la más alta magistratura en materia constitucional, por lo que permite participar de decisiones clave en el país, sin necesariamente haber forjado una carrera en el Poder Judicial. Los ministros suplentes sólo deben ejercer el rol durante media jornada, con una remuneración mensual de alrededor de $4,5 millones.
Daniel Montalva Armanet es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Laws de la Universidad de Duke (Estados Unidos). El letrado ha ejercido como abogado y asesor legislativo de Libertad y Desarrollo (think tank ligado a la UDI), además de haber sido secretario general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Américas (UDLA).
El mes pasado, Montalva y la doctora en Derecho Constitucional Leslie Sánchez Lobos fueron nominados por el presidente José Antonio Kast para los cargos de ministros suplentes del TC. Pero el rol de Montalva en la UDLA y su falta de expertise han generado cuestionamientos en los últimos días que ponen en riesgo su ratificación.
Este martes se debía realizar la sesión de la Comisión de Constitución del Senado en la que se esperaba que se votara la propuesta del Ejecutivo para ministros suplentes del TC. Sin embargo, el trámite se debió aplazar ante las dudas que generó la nominación de Montalva.
Como parte del proceso de consulta pública, cinco personas presentaron escritos con comentarios y observaciones ante la Comisión de Constitución del Senado. De acuerdo con la cuenta que dio al inicio de la sesión el secretario de la comisión, todos apuntaban a la nominación de Montalva, sin hacer reparos en la de Leslie Sánchez.
En concreto, los escritos daban cuenta de una posible inhabilidad de Montalva debido a su rol como decano en la Universidad de Las Américas.
Uno de ellos, firmado por el abogado Vicente Díaz Godoy y al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Bío Bío, explica que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece las mismas inhabilidades que aplican para los ministros titulares, excepto para las labores docentes:
—Sin embargo, esta última disposición precisa que no se consideran labores docentes aquellas correspondientes a la dirección superior de una entidad académica, respecto de las cuales rige la incompatibilidad establecida en el mismo precepto —reza el escrito.
En cuanto a la trayectoria de Montalva, Godoy mencionó que la maestría cursada por el candidato no estaba enfocada en Derecho Constitucional. Además, según la carta, el postulante tampoco cuenta con un doctorado ni publicaciones académicas indexadas. Godoy aseveró que sólo encontró un comentario de jurisprudencia de 2010 de su autoría, que aludía a un fallo del Tribunal Constitucional.
Durante la sesión de hoy, los senadores emplazaron tanto a los representantes del Gobierno como al propio candidato para que aclararan estos puntos.
Respecto de la inhabilidad, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, señalaron como un precedente el caso de Alan Bronfman, quien fue ratificado en 2013 como ministro suplente.
En el momento de su nominación, Bronfman ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso. Pese a ello, fue ratificado por el Senado. La interpretación jurídica del Ejecutivo, según explicó García Ruminot, es que la incompatibilidad respecto de la dirección de una entidad educativa sólo aplica cuando se trata de organizaciones que son sostenidas por el Fisco:
—La regla general de la incompatibilidad no se le aplica al señor Montalva porque la Universidad de Las Américas no recibe fondos provenientes del Estado, de las municipalidades, de las entidades fiscales, autónomas, semifiscales o de cualquier otra empresa del Estado —recalcó García.
Sobre su relación con el Derecho Constitucional, tras una pregunta del senador Andrés Longton (Renovación Nacional), el mismo Montalva destacó que trabajó como asesor legislativo en alrededor de 250 proyectos de ley en cuatro años. También comentó que había participado de recursos ante el TC:
—Fui parte de muchas reservas de constitucionalidad, de presentaciones ante el Tribunal Constitucional, en representación de Libertad y Desarrollo o senadores y diputados en su minuto —señaló.
Montalva también mencionó su participación como el representante de la Cámara Nacional de Comercio ante el TC por la reforma al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Esa intervención dio pie a que el tribunal le quitara facultades sancionatorias y normativas al organismo.
El abogado comentó que, en caso de ser ratificado, sus labores en la UDLA se reducirían a media jornada para cumplir con sus obligaciones en el TC.
Las explicaciones del Gobierno no lograron convencer a los senadores. La senadora Paulina Vodanovic (Partido Socialista) criticó directamente la decisión de nominar a Montalva:
—Me llama la atención que habiendo otros candidatos con un currículum mucho más dedicado a materias constitucionales y sin las inhabilidades que presenta el candidato propuesto, finalmente se haya optado por él. Entiendo que es una prerrogativa presidencial, pero también creo que es parte del análisis que debió haber hecho el Ejecutivo —fustigó la representante de la región del Maule.
La senadora Claudia Pascual (Partido Comunista), en tanto, apuntó a la falta de antecedentes curriculares respecto de la especialización de Montalva en Derecho Constitucional.
Sobre el final de la sesión, el presidente de la comisión, Pedro Araya, comentó que persistía una “duda legítima” respecto de si Montalva caía o no en la inhabilidad.
El parlamentario hizo ver que el caso de Bronfman había ocurrido antes de la Ley de Gratuidad Universitaria. Actualmente, la Universidad de Las Américas sí cuenta con financiamiento del Estado, lo que podría cambiar el análisis jurídico.
Por ello, la comisión solicitó un informe al Gobierno respecto de ese punto. La próxima sesión se fijará una vez que se reciba dicho documento. Después de la votación en la comisión, la propuesta debe ser apoyada en la Sala por dos tercios de los senadores en ejercicio para ser ratificada.
