La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, mantiene firme su rechazo a lo que considera una desconexión del Gobierno con la realidad de la ciudadanía. En esa línea, cuestiona tajantemente los proyectos y medidas que, a su juicio, han perjudicado al país, especialmente en materias como educación y gestión de emergencias.
En conversación con nuestro medio, la parlamentaria le baja el dedo a la gestión del Ejecutivo, a la que compara con las políticas impulsadas por el pinochetismo. Según plantea, el shock económico y la criminalización de movilizaciones sociales son dos de los aspectos que más se caracterizan dicho estilo.
La diputada comunista también pone el foco en la ausencia de liderazgo y escucha a la comunidad estudiantil de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien también debe hacer frente a los recortes contemplados en la partida de educación en el Presupuesto 2027. El malestar se ha traducido en manifestaciones y protestas a solo 7 meses de Kast en el poder.
En tanto, Jorge Quiroz y Claudio Alvarado son a quienes apunta al ser consultada por un eventual cambio de gabinete ministerial, y fue tajante al responsabilizarlos por el escenario económico que atraviesa actualmente el país.
La jefa de bancada insiste en que el Gobierno debe escuchar y dialogar con quienes enfrentan las consecuencias de sus decisiones. A su juicio, la distancia entre el Ejecutivo y la ciudadanía se ha vuelto cada vez más evidente, incluso cuando se habla de que sectores que inicialmente respaldaban la administración de Kast al poder hoy se desmarcan, manifestando incluso decepción frente al rumbo del Gobierno.
—Hay varios temas que abordar, pero me gustaría comenzar preguntándole cómo ha estado el ambiente al interior del Congreso durante las últimas semanas, a propósito también de la tramitación del Presupuesto 2027…
Sobre el presupuesto, estábamos esperando esta propuesta donde teníamos la filtración de las primeras partidas, que era la de Educación, y fue una de las que principalmente llamó la atención, porque dentro de esta estaba suprimir programas como “Yo Elijo mi PC”, la reducción de las horas docentes para los SLEP, lo que se traduciría en 1.820 despidos. En eso hemos estado en esta tramitación que, si bien es incipiente porque empieza primero por las Subcomisiones Mixtas que van revisando cada uno de los presupuestos, ya hay cosas que sin duda hay que alertar.
Hay un golpe directo a la educación pública. También hemos visto que esto no ha sido una preocupación solo de los parlamentarios de oposición, sino también incluso desde el mundo académico, los rectores de las universidades. Conocimos la declaración del rector de la Universidad Católica diciendo que este presupuesto socavaba los cimientos del sistema de Educación Superior, uno de los más sólidos de América Latina. En ese contexto, comenzamos a constatar que no son solamente críticas de la oposición, sino que ya trascienden al mundo académico y a gobernadores regionales que también se ven bastante golpeados por esta reducción presupuestaria.
Desde ahí empieza a surgir un clima distinto dentro del Congreso, donde ya no hay un orden directamente de las coaliciones de gobierno, porque no se asumen como una sola coalición, se asumen como dos coaliciones, donde ya Chile Vamos empieza a desmarcarse incluso de las mismas decisiones que está tomando este gobierno. De hecho, varios de sus parlamentarios fueron críticos con la supresión de programas dentro de la ley de presupuesto.
Ahí uno comienza a hacerse la pregunta: ¿hasta cuándo van a ser cómplices de las malas decisiones que toma este gobierno?, lo que alertó la oposición en su momento, en el momento de la tramitación de la megarreforma tributaria, que esto iba a traer un déficit fiscal. Aun así, estos parlamentarios oficialistas concurrieron con su voto y en estos momentos se están dando cuenta del descalabro que principalmente produce para el presupuesto.
También hay otros conflictos políticos a propósito de las malas vocerías que tuvo el gobierno, o más bien, de las “no vocerías”, y que se vieron ahora presionados a nombrar a un nuevo subsecretario que haga como vocero.
—¿Qué señal envían estas diferencias dentro del oficialismo? Si bien son partidos que respaldan al Gobierno, hay desmarques y cuestionamientos entre ellos.
Yo creo que hay dos aristas principales. Una de ellas tiene que ver con esta disputa de las coaliciones que tienen al interior del gobierno. Recordar que parte de las reformas que ingresan al Congreso como una reforma constitucional a propósito de estos nuevos Estados de Excepción no fue compartida por todos los parlamentarios oficialistas.
Ahí al menos marca también una línea diferenciadora de cómo ellos conciben -no creo necesariamente una concepción muy distinta en materia de seguridad-, pero sí en materia constitucional y también de cómo ellos dialogan al interior del gobierno. De hecho, fue muy vista la disputa que existió a propósito de la pérdida de votos de reformas que eran importantes para el Congreso, de otra reforma constitucional a propósito de las expulsiones administrativas, donde se le echaba la culpa al ministro García-Ruminot, mientras otros salían a indicar que el responsable era el director de la Direpol, militante del Partido Republicano. Ellos mismos al interior del gobierno tienen una disputa de quién hace las cosas mejor y quién es el que sostiene el gobierno.
Por otra parte, yo creo que es de lo que marca muchas veces también el quehacer de muchos parlamentarios: que cuando las encuestas comienzan a irse abajo, cuando existe desaprobación al gobierno y no se cumplen las expectativas en seguridad y empleo, algunos ya empiezan a descolgarse, porque saben que no es rentable, al menos en términos electorales, seguir apoyando las medidas de este gobierno.
Yo creo que hay un fenómeno de disputa política, pero hay otro fenómeno también de un gobierno que claramente no diría que le está yendo mal, sino que un gobierno que, a propósito de las decisiones que tomaron, en estos momentos la ciudadanía le está pasando la cuenta, porque no tiene una alta aprobación porque no están enmendando el rumbo. Ellos siguen respondiendo con reformas que tienen una política muy parecida al pinochetismo, la política de shock económico y también la criminalización de cualquier tipo de movilización social.
—El Presupuesto 2027 en Educación ha generado bastante descontento, caracterizado en especial por la vuelta de las manifestaciones sociales. ¿Cuáles son los intransables para su bancada en este proyecto? ¿De dónde deberían salir los recursos para mantenerlos?
A propósito de dónde se sacan los recursos, nosotros presentamos una propuesta pública y tiene relación, al menos para el 2027, que no debe regir la baja del impuesto de primera categoría. Hemos propuesto públicamente que se posponga la entrada en vigencia de la megarreforma. Si bien hay aspectos ahora que ya entraron en vigencia, en 2027 uno de los aspectos que al menos debiese empezar a regir tiene que ver con la baja del impuesto de primera categoría y creemos que el país, en las condiciones económicas que está, claramente derivadas de las malas decisiones que ha tomado este gobierno, no está preparado para recibir $100 millones de dólares menos. Eso es una de las cosas concretas que hemos levantado.
Lamentablemente, no hemos tenido mayor retorno por parte de parlamentarios oficialistas, por parte del mismo gobierno, porque creemos que, tal como lo alertamos en su momento, esta megarreforma iba a tener una derivada concreta al diseño de este presupuesto nacional.
De hecho, gran parte de la discusión que hemos tenido, al menos en términos presupuestarios, es que no se escondan los recortes que se ejecutaron, porque con el famoso recorte del 3% del ministro Quiroz, que coincidentemente era muy similar a lo que íbamos a perder en términos de recaudación fiscal a propósito de la megarreforma, ya tenemos un pie atrás y también una situación acumulada al menos de déficit en servicios públicos, que no podemos invisibilizar, porque no es que este gobierno haya ejecutado el presupuesto que le aprueba el Congreso Nacional para el año 2026, sino que partimos desde una base menor, que es el 3% menos en cada uno de los ministerios que pudieron ejecutarlo.
Hay ministerios, por ejemplo, el de Educación, que no pudo hacer ese recorte de envergadura, pero sí hace un recorte de un 2% que tiene un impacto directo en escuelas públicas. Ese impacto, en términos de inversión, de mejoramiento de las escuelas o incluso de obtener reconocimiento oficial de jardines infantiles, ya tiene al menos un resultado directo: gran parte de nuestras escuelas públicas quedaron en una situación de infraestructura de abandono, incluso nosotros alertándoles al gobierno que no era momento para esos recortes, ya que nos íbamos a enfrentar ese fenómeno climático que en estos días están viviendo, y se los dijimos en reiteradas ocasiones.
Respecto a lo presentado para este año, sin dejar de mirar los recortes presupuestarios que ya ejecutó el ministro Quiroz, tenemos golpes directos también a la educación pública. Y considero que, más que lo intransable, suscribimos un compromiso con el Colegio de Profesores, con Confech, con asistentes y trabajadores de la educación, del mundo académico, de universidades e incluso con los mismos rectores, que no estamos dispuestos a que se baje un peso en educación.
Es bien difícil elegir cuáles son los intransables, pero le podría señalar al menos cuáles son los más perjudiciales en estos momentos para la educación pública. En Educación Superior, hay un recorte directo a los aportes basales a las universidades públicas, tradicionales y estatales. Y los aportes basales de las universidades son muy importantes para el aporte concreto que pueden hacer del desarrollo del país, la mantención de casas de estudios, de proyectos de investigación, que lamentablemente este gobierno los recorta.
Por otra parte, tenemos una restricción de cómo debiese al menos ampliar la política de gratuidad, porque con lo presentado actualmente, los mismos rectores nos han dicho que este presupuesto de una pseudocontinuidad no alcanza a cubrir el precio real de los aranceles de la universidad y, si esto no cubre el precio real de los aranceles que termina absorbiendo esta diferencia, son las universidades, principalmente del Estado, universidades que pertenecen al G9, quienes terminan ya más perjudicadas en un presupuesto que además se presentó sin los aportes basales o al menos con un aporte basal muy disminuido respecto a lo que históricamente se aprobó en el Congreso Nacional.
Y así como otras aristas, porque educación es una de las partidas más grandes del presupuesto, tenemos el golpe directo a la implementación de los SLEP. La explicación que le ha dado el ministerio al Congreso Nacional es que no existen las condiciones para que se puedan traspasar estas escuelas. Sin embargo, si no están en estas condiciones, qué alerta temprana emite el Ministerio de Educación, porque son alertas principalmente derivadas de que le faltó tiempo o al menos por omisión de las acciones que tenía que ejecutar este gobierno a los concursos cerrados, que principalmente son absorber a los funcionarios, seleccionar a los mejores para que trabajaran en los SLEP que venían de las corporaciones; no lo hicieron, no lo prepararon.
La pregunta que uno se hace: ¿El gobierno hizo los esfuerzos para traspasar? Y esto no ha molestado solo a la oposición. Han sido muchos los municipios de estos cinco SLEP que no se van a traspasar, que han dicho: “Nadie nos comunicó nada y ya teníamos listo nuestro presupuesto municipal y no contemplábamos educación como una de las áreas sensibles”. Esto tenía que pasar a los SLEP y, por tanto, tenía que presentarse en el presupuesto de la nación. Y eso no fue así.
Entonces, tenemos una mala relación con los alcaldes, tenemos una relación muy deficiente con el Congreso Nacional, sumado a los recortes que aún no se abren a poder reponer, como el programa “Yo Elijo Mi PC” o incluso de reponer las horas docentes que estarían recortando a cada uno de los SLEP, estamos hablando de 83 mil horas menos, lo que se traduce en 1.800 profesores menos. Y el Ministerio de Educación ha dicho que ellos no están orientando un despido, sin embargo, no ha sido capaz de decir cómo se van a traducir esas 83.000 horas menos.
Además sumado también a un déficit que hay para mantener mantener escuelas públicas y jardines infantiles. Esto poco se habla, sé que es una discusión muy técnica que muchas veces uno se puede perder con números, con glosas, con la cantidad de programas, pero en estos momentos se tramitan en el Congreso Nacional los proyectos de Sala Cuna, donde hemos tenido serias aprensiones por el manotazo que este gobierno pretende propinarle al Seguro de Cesantía.
Por otra parte, la falta de recursos al menos que existe para los jardines infantiles del Estado. En esa falta de recursos uno podría decir: “bueno, algo vendrá en el presupuesto y podremos revisar”, por ejemplo, si existe una pretensión de este gobierno en mantener una oferta pública adecuada de los jardines infantiles. Uno puede ver en el presupuesto que no viene con nada de eso y que en definitiva lo que nos estamos arriesgando es que si no hay recursos para mantener en términos de infraestructura y mantención a nuestros jardines infantiles, lo que quedaría es un cierre inminente de jardines infantiles al año 2034, porque es el año donde nuestros jardines infantiles tienen el plazo para obtener su reconocimiento oficial. Pareciera que al gobierno eso poco le importa, porque no nos han dado los datos, por ejemplo, de cómo los recortes presupuestarios ya afectó al menos la meta para el año 2034 de mantener en buenas condiciones nuestros jardines infantiles.
Este conjunto de medidas, sumado a la dotación máxima que ponen para asistentes de la educación que desconocemos el criterio técnico que se utiliza para ello, estaría introduciendo incluso el despido de alrededor de 1.800 asistentes de la educación, sumado también a 1.000 educadoras de párvulos de Junji que ponen también esas restricciones al menos en la glosa presupuestaria para Junji y también para la mantención de asistentes de la educación, o más bien para la contratación de asistentes de la educación en los SLEP.
—Las demandas en materia de educación no son nuevas, sino que llevan décadas y hoy vuelven a generar críticas desde el Colegio de Profesores, docentes, estudiantes, padres y apoderados. ¿De que manera el Gobierno podría escuchar estas demandas y responder a las comunidades educativas?
Yo creo que hay dos aspectos. Lo primero es el aspecto ideológico de este gobierno. Desde que nosotros comenzamos esta legislatura en la misma discusión de los proyectos que envió el Ejecutivo -recordar que empezamos con Escuelas Protegidas que fue el primer proyecto inconstitucional de este gobierno- uno podría empezar a dilucidar que todos los avances que usted bien señala que han sido décadas en materia de demandas del movimiento Social por la educación, porque acá no solamente fueron los estudiantes que se movilizaron por mucho tiempo, sino que eran padres, apoderados, profesores, asistentes de la educación, donde todos esos avances se busca hacerlos retroceder.
Creo que es muy claro cuando uno revisa la tramitación, por ejemplo, de proyectos de este gobierno donde, por ejemplo, uno de los proyectos que estuvimos discutiendo también, aparte de Escuelas Protegidas, tenía que ver con flexibilizar los criterios de apertura de colegios particulares subvencionados. Y uno podría decir: “bueno, pero esto es una apertura al lucro encubierto”, de hecho tuvimos una áspera discusión sobre aquello y gran parte del sustento del oficialismo era decir que están contra todas las reformas de la expresidenta Bachelet. Ellos pelean constantemente con el fantasma de la estatura de la exmandataria y también de las reformas educacionales que impulsó.
Entonces, hay una mirada ideológica, por un lado, donde ellos están muy convencidos de que es el desmantelamiento de la educación pública una de las vías que tienen que recorrer para poder retroceder cada una de estas reformas históricas que se avanzaron no solamente por voluntad de la expresidenta Bachelet, sino que también es porque hubo un movimiento social de la educación que los exigió.
Eso es una mirada, pero por otra parte y en esto quiero detenerme porque es bien poco lo que se habla, es la ausencia de un liderazgo por parte de la ministra de Educación. Y creo que eso queda de manifiesto porque, por ejemplo, en cuanto al presupuesto, una de las principales confrontaciones fue el ministro Quiroz haciendo vocería diciendo que el Ministerio de Educación no era el ministerio de los profesores y no era un ministerio para dar empleo, a propósito de las alertas de esta reducción de las 83.000 horas docentes. Uno se pregunta, ¿dónde estará la ministra de Educación que tiene que también afrontar esta la presentación del presupuesto a esta cartera? Yo en la práctica no la veo.
¿Por qué lo vinculo con el rol del movimiento social? Porque ha sido el movimiento social quien ha dicho que la ministra de Educación no dialoga con estudiantes, no dialoga con profesores y profesoras. Al parecer, y como ha sido en buena parte todo este gobierno, quien oficia por todos los ministros, es el ministro Quiroz, instruido por el presidente José Antonio Kast. Entonces es falta de diálogo, es falta de escuchar voces que sean distintas y que alerten incluso hasta lo inconstitucional de lo que ellos estén proponiendo.
Déjeme decirle que fue bastante tedioso y frustrante tramitar Escuelas Protegidas cuando desde el primer momento, o al menos fui una de las parlamentarias que más salió a anunciar que era inconstitucional, y el gobierno se mantuvo en su tesis, los diputados oficialistas se mantuvieron en esa tesis y por tanto ellos no incorporan una mirada distinta, porque tienen una distinción muy clara ideológica de no diálogo. Y creo que lo preocupante de este gobierno es que separa a los chilenos de bien y los de mal. Y, para ellos, hay parlamentarios que representan esos chilenos de mal, a los cuales no son capaces de escuchar las alertas que hagamos hacer sobre determinados proyectos o al menos ahora lo que estamos trabajando sobre el presupuesto.
—También hemos visto criticas por los recortes a Senapred, en medio de emergencias climáticas y catástrofes. A esto se suma un descontento que también se refleja en las encuestas. ¿Cree que al Gobierno le está faltando conexión con las realidades del país? ¿Qué debería hacer el presidente para responder a ellas y acabar con el rechazo que ha generado?
Existe una desconexión con la realidad. No sé, esta desconexión, dudo que sea por desconocimiento, por haber evaluado al gobierno desde su inicio, diciendo que finalmente no sabían manejar el estado, o no saben dirigir lo que es el Estado, una repartición pública, lo que es hacerse cargo de jardines infantiles, de nuestros centros hospitalarios como una lógica bastante distinta a lo que es una empresa privada.
Acá no estamos hablando únicamente de la eficiencia del gasto, como le gusta señalar al gobierno, sino que estamos hablando de vidas de personas que dependen del servicio público. Uno podría haber dicho, bueno, primero fue un desconocimiento, pero ahora queda muy claro su mirada ideológica, o sea, todo lo que tiene que ver con el servicio público lo buscan suprimir y lo dijeron en su momento. La valoración que ellos tenían a trabajadores del Estado era la “grasa del estado”, los burócratas.
Desde esa óptica ya empieza a concluir que el gobierno sabe muy bien lo que está haciendo. Y por eso, le vuelvo a señalar, es una política a la vieja usanza del pinochetismo, del shock económico. Saben que a través de estos recortes, por ejemplo, como los de Senapred, ellos primero tienen una escasa valoración y a propósito también de los dichos de la ministra del Medio Ambiente del miercoles, que se sentía orgullosa de ser parte del gobierno de Kast, creo que esas palabras hay que ponerlas en duda, sobre todo cuando su presidente siempre ha levantado que no cree en las guías medioambientales, no cree en las políticas públicas medioambientales. Ahí es una visión ideológica.
En los primeros meses se podría evaluar una desconexión, ahora uno ya tiene muy claro lo que ellos quieren implementar en materia económica e ideológica en base a cómo conseguimos políticas públicas que se puedan comprometer para enfrentar el cambio climático que estamos viviendo, pero pareciera que siguen algunos personeros de este gobierno viviendo en esta negación.
Lo que más me preocupa tiene que ver con el nivel de respuesta que hay en cuanto a los afectados en estos sistemas frontales, tanto en el invierno como lo que estamos viviendo en la actualidad. Porque uno vio movilizarse al gobierno rápidamente para la emergencia de las Condes. Creo que al menos debió haber estado ese estándar de las Condes también en la cuarta región, cuando vivimos una emergencia. Eso es lo que nos parece problemático, y existe una separación entre los chilenos a los que se les responde rápidamente, y aquellos chilenos que quedan postergados. Y como fue en el caso de la petición constante que incluso hicimos desde el Congreso de declarar Estado de Catástrofe lo más pronto posible para acceder a las ayudas o incluso los fondos de emergencia desde desde el Estado central, no solamente desde los gobiernos regionales.
Dicho sea de paso es bastante incoherente la línea que mantiene este gobierno, porque por una parte le entrega a los gobiernos regionales la tarea de auxiliar a las comunidades en los casos de emergencia, pero le recorta el presupuesto. Pero hay recortes en Senapred, para gobiernos regionales que tienen que acudir en estas emergencias. Entonces son muchos factores que en definitiva yo resumiría en que es un gobierno que no es capaz de cubrir las necesidades, el gobierno llamado “de emergencia” no es capaz de cubrir las emergencias de todos los chilenos, no solamente al sector que a ellos más les interesa.
—¿Qué expectativas tiene respecto de la llegada de Gonzalo Arenas como vocero de Gobierno? ¿Podrá su presencia tapar los baches comunicacionales de La Moneda que tanto ha sido criticado?
creo que el problema de la vocería de gobierno no se expresa solamente en un vocero o en la ausencia de un vocero, sino que tiene que ver con, por una parte, en la disputa interna que tiene al interior del gobierno y también con no ser coherentes con responsabilizarse de las decisiones económicas que están tomando. Mientras no se responsabilicen, van a haber desmarques. Y esos desmarques están principalmente ligados a la baja popularidad que tiene este gobierno.
Creo que más que un diseño comunicacional, es un diseño completo de un gobierno que en estos momentos es indolente con las necesidades que están sufriendo los chilenos y que es bastante incoherente. Uno podría decir que a través de la apuesta comunicacional se resuelven los problemas del gobierno, pero creo que eso es bastante miope. Mientras el gobierno declara una cosa y hace otra, principalmente ligado a decir que ellos empatizan con los problemas que están viviendo los chilenos, el gobierno no no va a dejar de tener al menos esta disputa, y es cómo algunos abandonan el barco y sin responsabilizarse de las malas decisiones que este gobierno le ha generado a los chilenos.
—¿Y está bien que el vocero sea subsecretario? Desde Chile Vamos, plantearon reparos a que esta tarea no debería distribuirse entre autoridades. ¿Por qué cree que el Gobierno no ha optado por tener un ministro vocero dedicado exclusivamente a estas labores?
Al menos lo que veo, porque desconozco, no estoy en la cabeza del presidente, en qué momento se le ocurrió la buena idea de tener un biministro, pero un gobierno que nombra un nuevo subsecretario que lo deja a cargo de las vocerías, entonces identificamos que existe una necesidad de tener una vocería más ordenada.
Yo creo que lo que no quiere echar pie atrás el gobierno, principalmente el presidente, es todo lo que en algún momento sacaron en campaña, que había que reducir el Estado y sus ministerios. Por tanto, el ministerio que hace la vocería de gobierno no lo quieren echar pie atrás, no quieren decir que se equivocaron. Eso es lo concreto.
Ahora se abre la disputa y como no son capaces de asumir su error, finalmente será nuevamente la disputa de Chile Vamos diciendo que debería existir un vocero cuando recién se dieron cuenta de lo importante que es un vocero.
Porque se tiene que hacer cargo de no solamente comunicar las noticias que quiera comunicar, sino que también tiene que dirigir comunicacionalmente el país. En situaciones de emergencia uno veía a la ministra vocera Camila Vallejo haciendo dirección en la emergencia. Hoy uno no ve eso. Es una decisión de yo creo que un gobierno que no quiere asumir que está completamente equivocado en esta visión de motosierra en cada uno de los ministerios.
—Con todo, ¿Ya es momento de un cambio de gabinete? ¿Qué ministros deberían ser evaluados?
Yo no soy parte del Ejecutivo. Lo voy a hacer pensando en el bien del país. No voy a ponerme en el objetivo de que el Gobierno cumpla su cometido. En ese sentido, creo que más que un cambio de gabinete, lo que se necesita es que el Gobierno retroceda en las políticas de choque económico que está llevando adelante.
Si eso implica que uno de los ministros tenga que retroceder, una de las primeras personas que debería salir, por el daño que le ha ocasionado a nuestra economía, es el ministro Quiroz. Él, con el ministro Alvarado, son los principales responsables de la situación económica que está viviendo el país. El ministro Alvarado también tiene responsabilidad en su rol de jefe de gabinete y, por tanto, en la conducción de los demás ministerios.
