El Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria la resolución mediante la cual el Gobierno Regional Metropolitano (región Metropolitana) adjudicó una auditoría externa de sus estados financieros correspondientes al período 2021-2024, por un monto de $55 millones de pesos.
La sentencia, dictada el pasado 29 de mayo, acogió la impugnación presentada por otro oferente y dejó sin efecto la resolución que adjudicó la licitación a Surlatina Auditores Limitada.
De acuerdo con el fallo, la empresa no presentó junto con su oferta los archivos correspondientes a la metodología y la Carta Gantt, antecedentes que formaban parte del contenido técnico esencial de la propuesta. Estos documentos fueron incorporados posteriormente, situación que el tribunal consideró incompatible con las bases de la licitación.
En ese sentido, el Tribunal de Contratación Pública estableció que la posibilidad de subsanar errores no podía utilizarse para completar elementos esenciales de una oferta después de su presentación. Según la sentencia, permitir esta situación constituyó “un privilegio indebido que vicia el procedimiento”.
El caso volvió a ser abordado este lunes en la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Consejo Regional, instancia que tenía entre sus puntos de tabla conocer el estado actual y avance de la auditoría externa 2021-2024. El Ejecutivo del Gobierno Regional participó de la sesión y expuso sobre otros dos puntos, pero no se presentó a abordar específicamente esta materia.
Desde la comisión precisaron que la citación no buscaba discutir la sentencia del Tribunal de Contratación Pública, sino conocer en qué situación se encuentra actualmente la auditoría, cuánto ha avanzado y cuáles son los productos que han sido entregados hasta ahora. Sin embargo, el punto quedó sin exposición por parte del Ejecutivo, dejando sin respuesta las principales interrogantes sobre el proceso.
El presidente de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización, Sergio Morales, cuestionó la situación y sostuvo que “estamos hablando de una auditoría especialmente relevante porque comprende los años 2021 a 2024, precisamente el período anterior, en el que conocimos distintos casos y cuestionamientos públicos sobre el uso y control de recursos del Gobierno Regional”, señaló.
Morales agregó que, tras el fallo, resulta necesario despejar las dudas sobre el proceso.
“El Tribunal declaró ilegal y arbitraria la resolución que adjudicó esta auditoría y estableció que permitir al adjudicatario completar posteriormente el núcleo técnico de su propuesta constituyó un ‘privilegio indebido que vicia el procedimiento’. Frente a un antecedente de esa magnitud, es legítimo preguntarnos cómo afecta esto la confianza que necesariamente debe existir en una auditoría externa de esta importancia”, afirmó.
Finalmente, el consejero cuestionó que el Ejecutivo no expusiera sobre el estado de la auditoría pese a haber participado en la comisión.
“No lo citamos para discutir la sentencia, sino para saber cuánto ha avanzado, qué se ha entregado y en qué situación se encuentra. El Ejecutivo participó de la comisión y expuso los otros dos puntos de la tabla, pero justamente en el punto de la auditoría no se presentó a exponer”, sostuvo Morales.
