En medio del entramado judicial del caso Sartor, el nombre del empresario Avram Fritch Vaturi comenzó a sonar con fuerza durante las últimas semanas. Esto, luego de que Toesca Administradora General de Fondos (Toesca AGF) —firma designada por la CMF como liquidadora de los fondos de inversión rescatables que administraba Sartor AGF— interpusiera una querella criminal en su contra a raíz de un millonario préstamo a una inmobiliaria suya que permanece impago.
En la presentación ante la justicia, tenida a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío, se acusa que el exmilitar israelí habría coordinado una serie de movimientos societarios de “vaciamiento” que terminaron impidiendo a Sartor ejecutar la garantía del préstamo, constituida sobre 2.500 acciones de una segunda inmobiliaria de la que él era accionista controlador. Poco después, se esgrime, el empresario salió de Chile rumbo a Israel, justo en medio del inicio de acciones judiciales para forzar el cobro. ¿El resultado? Nunca pudo ser notificado.
Como sea, el origen del conflicto se remonta a 2019. Ese año se gestó una operación mediante la cual Sartor AGF otorgó un financiamiento por 65.000 UF a Inmobiliaria Carmel Limitada, representada por el citado empresario. En las gestiones jugó un rol protagónico otro viejo conocido, quien por esos días se desempeñaba como asesor externo de la administradora de fondos: Michael Clark Varela.
En efecto, el papel de Clark se remonta al origen mismo del cuestionado préstamo: a través de Redwood Capital, firma de su propiedad, asesoró a Fritch para obtener el financiamiento de Sartor y —según él mismo explicitó en su declaración ante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente— cobró una comisión por los recursos levantados.
Fue el 2 de julio de 2019 cuando el Fondo de Inversión Sartor Proyección materializó la operación de financiamiento a Inmobiliaria Carmel Limitada, representada por Fritch Vaturi. La transacción por 65.000 UF tenía como fin el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Las Condes, específicamente a la altura del 7.350, justo en la esquina con Los Barbechos.
El vencimiento quedó fechado para el 16 de junio de 2022 mediante un pagaré y bajo el amparo de un contrato de línea de crédito por dicho monto. En paralelo, además, ambas partes acordaron por contrato prendar como garantía por el préstamo un total de 2.500 acciones de la sociedad Inmobiliaria Los Barbechos, de la que Inmobiliaria Carmel —y en consecuencia Fritch Vaturi— era dueña.
“De esta forma se garantizó el pago del préstamo, incluyendo el capital adeudado, los intereses y cualquier otro monto debido en virtud de dicha línea de crédito. Estas acciones fueron presentadas a Sartor por un valor comercial de UF 50.750 (aproximadamente $2.062 millones de pesos a la fecha)”, reza la querella.
En efecto, según el libelo, la operación se fundó precisamente en el hecho de que Carmel, a través de Los Barbechos, era dueña del paño de Avenida Las Condes donde se construiría el edificio.
“Las acciones (en prenda) tenían un alto valor comercial debido al activo de Inmobiliaria Los Barbechos (el terreno) y un alto valor estratégico por corresponder a la sociedad controladora de la sociedad Rebrisa S.A.”, detalla la acción judicial ingresada para su tramitación ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Se trataba, en palabras de uno de sus protagonistas, de un negocio que “hacía sentido”. Así lo señaló Michael Clark Varela en su declaración prestada el 25 de junio ante la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.
En la oportunidad, consultado por su participación en la operación, el ingeniero comercial explicó que esta se enmarcó en su doble vínculo con Sartor: por una parte, en su calidad de asesor de la firma; y, por otra, como titular de Redwood Capital, su propia empresa de asesoría financiera.
—En mi etapa de asesor yo presenté varios clientes a Sartor, a requerimiento de ellos… (Me pedían) que les llevara negocios y algunos de ellos tuvieron financiamiento (…) Varios de ellos recibieron financiamiento, yo entiendo que la gran mayoría, a excepción de dos clientes. Están todos pagos, salvo Andrés Heumann Valenzuela y Carmel de Avram Fritch —partió señalando el economista.
Consultado específicamente por su vinculación con esos dos clientes, Clark reconoció que en ambos casos su propia firma de asesorías (Redwood Capital) los asesoró para obtener el financiamiento de Sartor.
—A su pregunta, Redwood obtuvo beneficios, en el cual se cobra un porcentaje de la plata levantada con cargo a los recursos que recibe el cliente. Todo eso con factura —detalló el exdirector de Azul Azul.
En el caso del fallido proyecto inmobiliario de Avram Fritch en Las Condes, Clark señaló que en un principio se trataba de un negocio casi seguro.
—Era un proyecto de constituir un edificio y vendérselo a un fondo de renta de Credicorp. El edificio estaba con permiso de edificación aprobado y tenía una oferta formal de Credicorp de compra y en base a eso, más, el aval de Avram Fritch, se le otorga el financiamiento. Es un negocio que hace sentido, Avram se dedica al negocio inmobiliario, el crédito estaba aprobado, el terreno estaba comprado —esgrimió el ingeniero comercial.
Según defendió, el problema vino pocos meses después de firmado el convenio. En concreto, Clark apunta al estallido social como la principal razón de que todo se viniera abajo. Por ese motivo, según él, Credicorp se desistió de comprar el edificio.
En la querella que actualmente fue acumulada a la causa matriz contra Sartor, Toesca apunta a que actualmente la Inmobiliaria Carmel, que sigue siendo propiedad de Avram Fritch, no es más que “un cascarón”. Esto, aduciendo que —a diferencia de como era la situación en 2019 cuando Sartor le otorgó el préstamo— hoy la firma “no cuenta con activo alguno”.
Según explican, cuando se decidió prestarle las 65.000 UF, Inmobiliaria Carmel era la flamante sociedad con la que Avram Fritch controlaba la Inmobiliaria e Inversiones Boldo S.A. y, en consecuencia, a Rebrisa S.A., principal sociedad del holding Grupo Rebrisa.
Se trata del mismo conglomerado al que pertenece otra importante firma que, hasta hace poco, era controlada por el exmilitar israelí: Global Systems Chile SpA. La sociedad, cuyo 98% de la propiedad está en manos de Rebrisa S.A., ha facturado al Estado de Chile más de $3.000 millones entre 2020 y 2026.
Una revisión de la plataforma Mercado Público muestra que, durante ese período, la empresa de soluciones tecnológicas ha suscrito siete contratos con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), todos relacionados con la operación y mantención del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).
El detalle es el siguiente: en 2020 se adjudicó, mediante trato directo, la mantención del SAE por 12 meses, por $345 millones. En 2021, nuevamente vía trato directo, obtuvo un contrato por otros $345 millones para prestar el soporte, mantención y monitoreo del sistema durante un año. En 2022, también bajo la misma modalidad, se le encargó el mismo servicio por 24 meses, por $881 millones. A ello se sumó, en julio de 2024, una modificación contractual para el reemplazo de equipos firewall del SAE, por otros $57 millones.
Posteriormente, en agosto de 2024, esta vez tras adjudicarse una licitación pública, obtuvo un contrato por $1.321 millones para prestar el soporte y la mantención del SAE durante 36 meses. A ese proceso se añadieron dos nuevas órdenes de compra, también derivadas de esa licitación, para la renovación de licencias de los equipos firewall: una en septiembre de 2025 por $28 millones y otra en julio de 2026 por $27 millones. En conjunto, los contratos suman poco más de $3.000 millones.
Así las cosas, el “vaciamiento” que denuncian sería una acción deliberada de Avram Fritch para eludir el embargo de las 2.500 acciones de Los Barbechos que —como se ha mencionado— habían quedado como prenda en el contrato de 2019 con Sartor.
“(Hubo) una serie de movimientos que dejaron a esta sociedad sin activos, los cuales tuvieron lugar mediante la vulneración de una prenda sobre ellos y, además, mediante el otorgamiento de contratos presuntamente simulados”, sostiene el escrito.
En la misma línea, se destaca que la operación fue propuesta a Sartor por Redwood Capital de Michael Clark, quien según la querella, “recibió una cuantiosa remuneración por la realización del financiamiento”.
Como sea, tal como mencionó el propio Clark en su declaración judicial, la operación comenzó a complicarse poco después de que el Fondo Sartor Proyección financiara a Inmobiliaria Carmel. Según la querella, el proyecto inmobiliario Los Barbechos fue cancelado debido al alza de los costos de construcción y la empresa comenzó a incumplir el pago de los intereses pactados. Siempre de acuerdo al líbelo, estos pagos fueron prorrogados en reiteradas ocasiones bajo el argumento de que la venta del terreno permitiría saldar tanto los intereses como el capital adeudado.
El documento señala que durante 2021 y 2022 Sartor AGF aprobó sucesivas prórrogas de cuotas semestrales por 2.600 UF, mientras se esperaba concretar la venta del terreno. En noviembre de 2022, la deuda fue nuevamente prorrogada, esta vez con la capitalización de esos intereses. Dos meses después, Inmobiliaria Carmel suscribió un pagaré por 67.600 UF, con vencimiento en enero de 2025, respaldado además por Avram Fritch en calidad de aval, fiador y codeudor, sin perjuicio de la prenda sobre 2.500 acciones de Inmobiliaria Los Barbechos, y la solidez financiera al ser controlador de Grupo Rebrisa.
Durante 2023, agrega la querella, la administración de Carmel continuó solicitando extensiones del plazo con el argumento de que existía una promesa de compraventa del terreno por 280.000 UF, monto que superaba ampliamente la deuda con el fondo. Dicha promesa habría sido suscrita por Inversiones Mar Afuera SpA, vinculada a Jean Paul y Michael Antonie Filippi Migeot.
Sin embargo, el líbelo advierte que la operación terminó frustrándose y atribuye a Fritch un supuesto “vaciamiento patrimonial” destinado a retirar de Inmobiliaria Carmel su principal activo —las acciones de Inmobiliaria Los Barbechos SpA— y a eludir la garantía constituida a favor del fondo.
“A pesar de que todos los antecedentes referidos hasta ahora parecieran dar cuenta de un negocio auspicioso, lamentablemente la operación con Inmobiliaria Carmel resultó completamente frustrada, merced a un vaciamiento patrimonial realizado por parte del querellado Fritch, generando un perjuicio al Fondo de Inversión Sartor Proyección y, por lo tanto, de sus aportantes”, se lee.
De acuerdo con el escrito, Sartor Proyección, pese a las gestiones de cobranza realizadas, ha visto imposibilitado enteramente el cobro del crédito que actualmente supera los $3 mil millones que se mantienen en mora.
A modo de resumen, la acción penal sostiene que “cuando el proyecto inmobiliario Los Barbechos dejó de ser viable, desapareció el ánimo de Inmobiliaria Carmel y Avram Fricht de cumplir con el pago del mayúsculo préstamo otorgado. Sin embargo, el querellado se las arregló para vender el terreno ubicado en Avenida Las Condes, mantener el control del Grupo Rebrisa (al haber transferido la propiedad de Inmobiliaria Los Barbechos a su núcleo familiar) y, al mismo tiempo, no pagar el préstamo otorgado por el Fondo de Inversión Sartor Proyección”.
Frente a las acusaciones contenidas en la querella, la defensa de Avram Fritch sostiene que la transferencia de las acciones de Inmobiliaria Los Barbechos SpA se produjo en un contexto que Sartor conocía: el proyecto llevaba más de cinco años intentando venderse y se había visto afectado por el estallido social, la pandemia, el aumento de la deuda bancaria y el retiro de un actor financiero que había comprometido su ingreso.
Sobre la prohibición de enajenar asociada a la prenda, el abogado de Fritch, José Rojas Silva, afirma que estas garantías “nunca fueron inscritas por SARTOR” y que la participación prendada representaba una proporción poco significativa del total de acciones.
Consultado específicamente por quién decidió la operación y bajo qué condiciones se realizó, el jurista dice no tener “el detalle preciso del precio” de la transferencia. Sí asegura que los recursos obtenidos fueron destinados a pagar íntegramente la deuda bancaria asociada al terreno y una deuda por contribuciones. Según su versión, quedó un remanente cuyo pago está sujeto a plazo y que habría sido ofrecido a los nuevos administradores de Sartor, Toesca, quienes no lo aceptaron. Actualmente, agrega, el proyecto pertenece al grupo inmobiliario que lo está desarrollando.
La defensa también rechaza que Fritch o su entorno se hayan beneficiado con la operación. Ante la pregunta por la transferencia de acciones a sus hijos y a Inversiones MJ Limitada, sociedad vinculada a su esposa, el defensor sostiene que la participación de MJ tuvo como único objetivo “facilitar la venta del proyecto” y que los ingresos fueron destinados al pago de las deudas de Carmel. Respecto de los hijos de Fritch, afirma que eran accionistas de Carmel desde 2018, antes de la constitución de la prenda, y que desde entonces han mantenido la misma participación.
En esa línea, el abogado califica de “falsas” las afirmaciones de la querella respecto de los hijos de Fritch y asegura que estas les han provocado perjuicios. Según plantea, ellos incluso estarían evaluando ejercer acciones legales contra quienes consideran responsables de esas acusaciones. La defensa insiste así en que las operaciones cuestionadas no tuvieron como propósito beneficiar patrimonialmente al grupo familiar.
Respecto de la deuda que Carmel mantiene con Sartor —que, según los antecedentes del caso, llegó a 73.969 UF y cuenta con Fritch como aval, fiador y codeudor solidario—, la defensa vuelve sobre el argumento de que Sartor estaba al tanto de la venta de las acciones. Asegura, además, que la administradora “había dado su aprobación en diciembre de 2024” y que cuentan con pruebas para acreditar esa afirmación.
Consultado por su salida de Chile el 2 de abril de 2025, poco antes de que Sartor pudiera notificarle una demanda ejecutiva, el abogado descarta cualquier relación entre ambos hechos. Explica que Fritch se radicó en Israel por motivos familiares, debido a que la mayoría de sus hijos y nietos viven allí, y sostiene que había dejado Chile “hace más de cinco años”, aunque regresaba ocasionalmente por asuntos puntuales.
En efecto, la defensa también niega que el traslado al extranjero haya estado motivado por la situación financiera de Carmel o por las acciones judiciales de Sartor. Según el abogado, Fritch “nunca se enteró” de la demanda ejecutiva y se habría informado de ella a través de la prensa, ya que, afirma, los nuevos administradores de Sartor, Toesca, nunca se pusieron en contacto con él. Finalmente, sostiene que el empresario israelí está “totalmente dispuesto a venir al país cuantas veces sea necesario para resolver este asunto”.
Por su parte, Marcos Contreras Enos, abogado querellante por Toesca AGF, calificó los hechos como “un caso de manual de vaciamiento patrimonial”. Según sostuvo, “el querellado obtuvo un préstamo millonario destinado a un proyecto inmobiliario, garantizado con acciones de la sociedad propietaria del terreno, para posteriormente transferirlas a integrantes de su familia y eludir el pago de la deuda”. Tras ello, agregó, “salió del país con destino a Israel, donde permanece hasta la fecha”.
