En aviación pocas veces una discusión despega tan alto como para enfrentar al propietario de un aeródromo con la autoridad aeronáutica. Eso es precisamente lo que ocurre en el Aeródromo Marcel Marchant Binder, conocido como La Paloma, en Puerto Montt, donde el Club Aéreo advirtió a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que deberá abandonar el recinto si decide reemplazar el actual Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) por una Torre de Control (TWR).
La advertencia quedó plasmada en una carta enviada el 7 de agosto al director general de Aeronáutica Civil, Humberto Fernández Pittari. En ella, el directorio del Club Aéreo de Puerto Montt, encabezado por su presidente Héctor Alvarado Navarrete, sostiene que no cuestiona las atribuciones legales de la DGAC para controlar y fiscalizar los aeródromos ni para organizar el tránsito aéreo.
Sin embargo, afirma que esas facultades “no confieren a la DGAC un derecho real, personal ni administrativo para ocupar gratuitamente y por tiempo indefinido un inmueble ajeno, ni autorizan a transformar unilateralmente el destino específico para el cual el propietario permitió dicha ocupación”.
La advertencia no surge al azar. Forma parte del plan que impulsa la DGAC para elevar el estándar de control operacional en La Paloma, uno de los aeródromos con mayor movimiento del sur del país. Según antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, distintos organismos del Estado, entre ellos la Contraloría General de la República, han insistido en fortalecer la “trazabilidad de los vuelos”, de manera que la autoridad pueda conocer con certeza quiénes embarcan en cada aeronave y qué carga despega desde el recinto.
La Paloma no es una pista secundaria. Cada jornada registra cerca de 80 movimientos entre vuelos comerciales, ambulancias aéreas, escuelas de vuelo, helicópteros, aviación ejecutiva y aviación general. Ese volumen de tránsito fue precisamente uno de los factores que llevó a la DGAC a concluir que el actual servicio AFIS dejó de ser suficiente para administrar una operación cada vez más compleja.
La DGAC respondió con la misma dureza. En el oficio enviado al Club Aéreo sostiene que “las cuestiones relativas al dominio o al título de ocupación no pueden alterar la titularidad ni el ejercicio de potestades conferidas directamente por la ley”, descartando que una controversia patrimonial pueda impedir el ejercicio de las atribuciones que el ordenamiento jurídico le entrega para organizar el tránsito aéreo y resguardar la seguridad operacional.
La institución agrega que la participación del propietario del aeródromo resulta necesaria respecto del inmueble y de las responsabilidades propias de su administración. Sin embargo, advierte que ello “no transforma dichas potestades en materias sometidas a autorización, negociación o veto de los particulares sometidos a ellas”, reafirmando que la determinación del nivel de servicio corresponde exclusivamente a la Autoridad Aeronáutica.
Respecto del terreno, la DGAC reconoce que sus atribuciones regulatorias, por sí solas, no constituyen un derecho para ocupar indefinidamente un inmueble privado. Sin embargo, sostiene que tampoco corresponde concluir que el comodato se extinga automáticamente por el solo hecho de reemplazar el sistema AFIS por una Torre de Control. A juicio del organismo, esa controversia deberá resolverse en una sede distinta, sin interferir en las decisiones vinculadas con la seguridad operacional.
La autoridad también respondió directamente a la advertencia del Club respecto de impedir el ingreso de sus funcionarios.
En el documento sostiene que esa manifestación “no resulta compatible con el deber de preservar la continuidad y seguridad de los servicios aeronáuticos, ni es admisible frente a las potestades de fiscalización y control que la ley confiere a esta Institución”, agregando que cualquier modificación en el acceso deberá ejecutarse sin generar riesgos para las operaciones ni para la seguridad aérea.
Más allá de la controversia jurídica, la DGAC sostiene que la decisión de migrar desde un servicio AFIS a una Torre de Control responde exclusivamente a criterios técnicos.
Según el organismo, un Estudio de Seguridad Operacional analizó 68.451 movimientos aéreos realizados entre 2023 y 2025 y 149 eventos ATS registrados entre 2021 y junio de 2026. El informe concluye que el volumen de tránsito, la coexistencia de vuelos comerciales, escuelas de vuelo, helicópteros y aviación general, junto con el incremento de eventos operacionales, sobrepasan el nivel de servicio que puede ofrecer un sistema AFIS.
El estudio identifica además 27 eventos precursores de colisión y ocho riesgos calificados como intolerables, antecedentes que, según la DGAC, justifican la implementación de un servicio de control de aeródromo mediante una Torre de Control.
Recordemos que los vuelos recurrentes son a la zona sur entre ellos aeródromos como Ayacara, Quellón, Futaleufú, Palena, Puerto Aguirre, Chaitén, entre otros.
Aunque el debate comenzó por la instalación de una Torre de Control, el intercambio de oficios dejó al descubierto un conflicto mucho mayor: quién fija finalmente las reglas dentro de un aeródromo privado cuando están comprometidas las facultades que la ley entrega a la autoridad aeronáutica para resguardar la seguridad del tránsito aéreo.
Mientras el Club Aéreo sostiene que la DGAC puede ejercer plenamente sus atribuciones regulatorias, pero no modificar unilateralmente las condiciones bajo las cuales ocupa un inmueble de propiedad privada, la autoridad responde que ninguna controversia patrimonial puede transformarse en un obstáculo para ejercer las competencias que el ordenamiento jurídico le entrega para proteger la seguridad operacional y administrar el tránsito aéreo.
En Puerto Montt reconocen que la tensión entre ambas instituciones no es nueva. Sin embargo, nunca antes había escalado al punto de advertir que la autoridad aeronáutica podría quedar fuera del recinto donde ejerce funciones esenciales para la seguridad de las operaciones.
Este martes ambas partes volverán a sentarse frente a frente. La incógnita ya no es únicamente si La Paloma tendrá una Torre de Control. Lo que comenzará a despejarse será si el conflicto encuentra una senda de entendimiento o si termina abriendo un inédito frente entre el propietario de uno de los aeródromos con mayor movimiento del sur de Chile y la autoridad encargada de resguardar la seguridad de quienes despegan y aterrizan diariamente en sus pistas.
