El polémico video de Luis Silva terminó por costarle el cargo. El ahora exsubsecretario de Justicia intentó explicar su participación en la firma de los decretos que permitieron rebajar condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, pero su intervención terminó abriendo un nuevo problema para el Gobierno de José Antonio Kast.
En el registro, publicado la noche del jueves, Silva aseguró que, cuando le correspondió firmar los documentos como ministro subrogante, siguió el criterio jurídico establecido por su superior, Fernando Rabat.
El problema no fue solo el contenido de sus explicaciones, sino también la forma. El propio Silva reconoció que no consideró necesario consultar previamente al ministro antes de publicar el video, dejando en evidencia una falta de coordinación en una cartera que ya estaba bajo presión.
La respuesta de La Moneda llegó este viernes. El Presidente aceptó su renuncia y nombró en su reemplazo a la abogada Josefina Soto Larreátegui.
El movimiento dejó a Silva fuera del Gobierno, mientras Rabat se mantiene en su puesto, pese a las presiones de la oposición y las diferencias que el caso ha generado dentro del oficialismo.
La elección de Soto no pasa desapercibida. Kast reemplazó a uno de los rostros más conocidos del Partido Republicano por una abogada con experiencia en la administración pública, pero con una exposición política considerablemente menor.
Silva, conocido como el “profe Silva”, llegó al Gobierno después de construir una carrera ligada a la academia y al debate constitucional. En 2023 fue el candidato más votado del Consejo Constitucional, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles de Republicanos.
Su perfil era abiertamente político. Acostumbrado a defender públicamente sus posiciones, el exsubsecretario mantuvo ese estilo incluso cuando la controversia por las rebajas de condenas ya golpeaba al Ministerio de Justicia.
Soto, en cambio, ha desarrollado buena parte de su trayectoria lejos de los focos, ocupando cargos jurídicos y administrativos durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera.
Fue coordinadora legal y administrativa del Ministerio de Hacienda entre 2010 y 2011, y nuevamente entre 2018 y 2022. También se desempeñó como jefa de gabinete del ministro de Energía entre 2011 y 2014.
A ello se suma su experiencia como abogada en el sector privado y docente de Derecho Administrativo en la Universidad Católica.
Así, el nombramiento puede leerse como una apuesta por una autoridad con mayor experiencia en el funcionamiento del Estado y menos protagonismo público, en momentos en que el Gobierno necesita recuperar el control de una cartera golpeada por la crisis.
Pese a las diferencias entre ambos, Kast no fue a buscar a una figura completamente ajena a su sector político.
Soto fue directora del Área Municipal de la Fundación Jaime Guzmán y trabajó como encargada del Área de Fiscalización del Centro de Estudios Ideas Republicanas entre 2022 y 2026.
También participó en el proceso constitucional de 2023, aunque desde una función distinta a la de Silva. Mientras él fue consejero electo, ella integró el Comité Técnico de Admisibilidad, encargado de revisar que las propuestas respetaran las bases institucionales acordadas para redactar una nueva Constitución.
Estos antecedentes muestran que la nueva subsecretaria conoce el entorno político del oficialismo, aunque el Gobierno en su comunicado no aclaró si es militante en el partido fundado por Kast, pese a lo cual son evidentes sus vínculos con el mundo republicano.
La salida de Silva, sin embargo, no resuelve la crisis que enfrenta Justicia.
Fernando Rabat continúa al mando del ministerio, pese a los cuestionamientos por las rebajas de condenas y a la presión de la oposición, que busca avanzar en una acusación constitucional en su contra.
El propio oficialismo tampoco ha logrado cerrar filas. Mientras algunos sectores han respaldado la continuidad del ministro, otros han reconocido el costo político que está pagando el Gobierno por mantenerlo en el cargo.
En ese escenario, el cambio de subsecretario permite a Kast dar una señal de autoridad tras el episodio del video, sin tener que remover al principal responsable político de la cartera.
De todas maneras, la llegada de Soto abre una nueva etapa en Justicia. Su experiencia administrativa podría ayudar a ordenar el funcionamiento interno, aunque el problema de fondo sigue siendo el mismo: las rebajas de condenas y el costo político de mantener a Fernando Rabat en el ministerio.
Por ahora, Silva es quien paga el costo más inmediato de la crisis. Sin embargo, queda por ver si su salida será definitiva o si terminará siguiendo el camino de otras exautoridades que, tras dejar sus cargos, han encontrado espacio en el llamado “segundo piso” de La Moneda.
