La controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sigue generando repercusiones políticas. Este miércoles, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, compareció ante una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde defendió la legalidad de los decretos firmados durante su gestión y aseguró que actuó conforme a la Constitución y las leyes. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron a la oposición, que anunció una acusación constitucional en su contra.
La sesión estuvo marcada por duros cuestionamientos al secretario de Estado, quien se retiró antes de que terminara el debate parlamentario. Posteriormente, Rabat insistió en que no se había acreditado ninguna infracción legal en su actuación. La Cámara, en tanto, aprobó un proyecto de resolución que solicitaba al presidente José Antonio Kast la salida del ministro y de los subsecretarios de Justicia, Luis Silva, y de Derechos Humanos, Pablo Mira.
Este viernes, el Gobierno removió a Silva, luego de que publicara un video sobre su participación en la firma de los decretos cuestionados sin consultarlo previamente con Rabat. En su reemplazo asumirá Josefina Soto, mientras el ministro se mantiene en su cargo.
En medio de este escenario, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, cuestionó duramente al Gobierno en conversación con BioBioChile, en una entrevista realizada antes de la remoción de Luis Silva. El parlamentario acusó al mandatario de proteger a Rabat y advirtió que su permanencia está profundizando la crisis política. También abordó la ofensiva judicial contra las autoridades de Justicia, las consecuencias para las víctimas y las responsabilidades que, a su juicio, deben establecerse por las rebajas de condenas.
—El presidente Kast reconoció que hubo un error en las rebajas de condenas, pero mantiene al ministro Rabat en su cargo. ¿Cree que ese reconocimiento es suficiente?
No, a mí me parece realmente muy inexplicable que el presidente Kast mantenga aún al ministro Rabat y al subsecretario Silva en sus cargos, después de haber cometido este grave acto que ha significado poner libres en la calle a peligrosos criminales, gente que cometió los delitos más reprochables, deleznables, que son los abusos sexuales contra niños y niñas, y también que han rebajado condenas a personas que cometieron delitos de lesa humanidad.
Creo que es muy inexplicable, no se sostiene. Han dado versiones muy distintas cada día y, en consecuencia, yo advierto que el presidente no se da cuenta de que está solamente agudizando una crisis que está provocando el desfonde político y moral del Gobierno, que prometió seguridad y ahora tiene justamente a los reos más peligrosos en la calle por su propia voluntad.
Ciertamente, las palabras del presidente no son suficientes mientras mantenga al ministro Rabat en su cargo, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas que también tienen los actos del ministro.
—¿Por qué cree que el presidente protege tanto al ministro? ¿Busca evitar reconocer un error político?
Se ha dicho de forma declarativa que se reconoce que se cometió un error, cuando primero se dijo que era algo impecable, pero me da la impresión de que aquí hay una suerte de protección muy obsesiva hacia el ministro Rabat, hacia el subsecretario Silva, porque son parte de un núcleo duro del pinochetismo.
Yo creo que esa es la explicación que uno puede encontrar, porque precisamente lo que hicieron estas dos autoridades, en particular el ministro Rabat, fue facilitar y procurar la impunidad de personas que cometieron delitos de lesa humanidad, por presión del Partido Republicano y el Partido Libertario, que estaban pidiendo indultos justamente a genocidas.
Cuando se habla de responsabilidad, significa que hay una consecuencia. Si se dice que aquí “yo asumo tal responsabilidad” y no hay ninguna consecuencia, entonces eso es algo muy engañoso y que creo que falta a la verdad.
—Tras los cuestionamientos en la sesión especial, Rabat se retiró antes de que terminara. ¿Considera que fue un acto de cobardía?
Yo creo que hay una mezcla de desprecio por el Parlamento y también es un acto de cobardía el haberse retirado antes de que la sesión culminara. También es un acto de cobardía no haber dado respuesta a las distintas preguntas e interrogantes que se le formularon.
Desde ese punto de vista, claramente ha demostrado que debe dar un paso al costado, pero esto depende del presidente. Y el presidente, si quiere mantener esta crisis y agrandarla, es su decisión.
—¿Observó alguna autocrítica del ministro durante su intervención?
No, ninguna. El ministro en la sesión especial se dedicó únicamente a mentir. Y lo digo con esas palabras porque planteó argumentos que no tienen ningún sustento.
Él llegó a plantear, por ejemplo, que finalmente son las comisiones calificadoras las responsables del otorgamiento de los beneficios. Eso, a mi juicio, es un argumento bastante indigno para un ministro de Estado, porque en el fondo lo que está haciendo es echarle la culpa a los seremis y a estas comisiones regionales.
Acá la ley establece claramente que quien otorga los beneficios es el ministro de Justicia, además por orden del presidente de la República.
Creo que es bastante poco digno de un ministro de Estado que pretenda culpar a funcionarios de menor rango y, al mismo tiempo, plantear que aquí todos tienen la culpa y que él solamente ha cumplido la ley.
—La oposición anunció una acusación constitucional contra Rabat. ¿Qué esperan conseguir con esta medida?
La acusación constitucional procede toda vez que aquí hay claramente infracciones graves desde el punto de vista constitucional: un ministro que faltó a sus deberes, que no respetó la ley, que se excedió en sus facultades, que no respetó tampoco las normas expresas ni tratados internacionales.
Creo que hay méritos suficientes para una acusación constitucional.
Pero también se ha instalado un relato que es falso, que es engañoso, respecto de que aquí existiría una responsabilidad compartida, que el Congreso tenía algún grado de responsabilidad, que acá hay vacíos legales cuando no hay vacíos legales.
Aquí hay una regulación expresa, muy clara, respecto de la exclusión de los delitos sexuales contra menores de edad.
—Desde el oficialismo han planteado que se deben buscar soluciones y no intentar sacar al ministro. ¿Considera que han sido injustos con Rabat?
No, al contrario. Yo creo que acá hay igualdad ante la ley. Si una persona comete un acto que significa burlar la ley, vulnerar una norma y con estas graves consecuencias, esa persona tiene que tener consecuencias.
Nosotros presentamos una denuncia penal por el delito de prevaricación administrativa junto al diputado Juan Santana, puesto que aquí hay claramente una infracción a una ley que es expresa y que excluye de forma literal la posibilidad de otorgar rebajas de condena a personas que cometieron delitos sexuales contra menores.
Acá el Gobierno ha sido muy poco responsable, partiendo por el ministro y también por el subsecretario.
—¿Qué antecedentes sustentan esa denuncia penal y qué esperan que ocurra con la acusación constitucional?
Nosotros ya presentamos una denuncia ante el fiscal nacional por el delito de prevaricación administrativa en contra del ministro Rabat y el subsecretario Silva, a partir de los decretos que han sido publicados por la prensa.
Acá claramente estamos diciendo que el ministro Rabat no solo no cumplió la ley, el ministro Rabat cometió un delito funcionario.
Desde el punto de vista constitucional, esperamos que la mayoría de la Cámara, tomando en cuenta los argumentos jurídicos y al mismo tiempo la indignación de la ciudadanía frente a este hecho tan grave, apruebe una acusación constitucional que signifique la destitución del ministro y también las sanciones que trae aparejada su destitución.
—Más allá de las responsabilidades políticas, ¿qué medidas deberían adoptarse para proteger a las víctimas de quienes recibieron estos beneficios?
Yo creo que acá justamente vemos la improvisación y la desidia del Gobierno, porque, por ejemplo, en Valparaíso el delegado presidencial aludió que iba a buscar la forma de proteger a las víctimas porque no había ningún protocolo preestablecido.
Es indispensable que el Gobierno y el Ministerio del Interior se dispongan a adoptar medidas que aseguren la integridad física y psíquica de las víctimas que han sido hoy día afectadas nuevamente.
Hasta ahora no he visto nada al respecto y eso es muy preocupante, porque estamos hablando de vidas humanas que ya sufrieron en carne propia estas aberraciones y ahora están expuestas no solamente a recordarlas, sino que también a pensar que se pueden cruzar en la calle con aquel que cometió este delito contra su hijo, contra su hija, contra un niño.
—Una investigación de BioBioChile reveló que entre los beneficiados había condenados con alto riesgo de reincidencia. ¿Quién debería responder por esas decisiones?
Hay varias etapas del proceso de petición de rebaja de condena. Hay una comisión calificadora en cada región, hay un informe de los respectivos seremis respecto de los requisitos objetivos del otorgamiento, pero finalmente quien es responsable, quien tiene a su cargo la revisión de todos los antecedentes, de todo el expediente, es el ministro de Justicia.
Tal como lo demostró el reportaje de BioBioChile, aquí había varios presos que tenían riesgo elevado de reincidencia.
Entonces acá el responsable, la cabeza, es quien debe dar explicaciones, pero más que explicaciones, porque ya no sirven de mucho a esta altura, debe dejar su cargo.
Las comisiones solamente califican, son actos intermedios, procesos que obviamente se pueden equivocar y ahí también hay que hacer valer responsabilidades administrativas, investigarlas, pero quien firma el decreto, ese es el acto de otorgamiento.
—El diputado Bassa vinculó las rebajas de condenas con una supuesta red internacional de pedofilia. ¿Comparte ese planteamiento o considera que fue una exageración?
Yo creo que en esto hay que ser responsable y partir por hacer un análisis respecto de cuáles son los hechos, los hechos que todos conocemos.
Y los hechos que todos conocemos son estas rebajas de condena, estos indultos encubiertos también a criminales de lesa humanidad, a gente que torturó, que desapareció, que lanzó chilenos al mar.
Eso es lo que nosotros conocemos y, por lo tanto, tenemos que hacer juicio respecto de esos elementos.
—¿Considera que esta es la peor crisis que ha enfrentado el Gobierno de José Antonio Kast?
Yo creo que esta sin duda es la peor crisis, pero este es un Gobierno que ha demostrado una patente incapacidad para cumplir con sus compromisos.
El presidente Kast, en tanto candidato, prometió seguridad, prometió crecimiento económico y empleo. Y hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos una economía que está en el suelo, que está frenada como consecuencia del bencinazo y los recortes.
Tenemos también en materia de seguridad el peor de los escenarios. Yo creo que esto nadie se lo imaginaba, que un Gobierno que prometía seguridad, que prometía mano dura, que hablaba contra la puerta giratoria, finalmente abrió una compuerta, abrió un portón para que salieran violadores y abusadores de niños.
—¿Cree que Kast podría terminar removiendo a Rabat y al subsecretario Silva durante las próximas semanas?
Yo sinceramente pensaba que la sesión especial en la Cámara no se iba a realizar porque el ministro y su subsecretario iban a salir del cargo. Era lo que todo el mundo espera, porque es lo lógico.
Acá creo que el presidente Kast está mostrando un vacío enorme de liderazgo. Creo que en definitiva no tiene control respecto de su gabinete, no tiene control efectivo del Gobierno.
Eso explica la crisis y cómo, en el fondo, él mismo está agudizando una crisis política que desde luego afecta al Gobierno, que crea un clima de crispación, un clima justificado de malestar e indignación hacia el Gobierno y hacia el presidente Kast también.
—¿Qué ocurrirá si Rabat no renuncia y la acusación constitucional tampoco prospera?
Yo espero que acá prime el sentido común. Y el primer sentido común dice que las personas tienen que ser responsables por sus actos.
Si el presidente se mantiene en esta obcecación de mantener al ministro y al subsecretario en sus cargos, lo que corresponde es que sea removido el ministro por el Congreso mediante la vía jurídica que es la acusación constitucional.
Si ocurre lo que usted dice, esto solo va a agravar las cosas, solo va a traer nuevos problemas y va a traer un clima de inestabilidad que no le hace bien al país, menos en este contexto de crisis económica y política.
—Finalmente, ¿cuál debería ser la postura de la oposición frente a esta crisis?
Yo creo que acá lo principal tiene que ver con fijarnos un objetivo, un propósito, y ese propósito sin duda es actuar en unidad.
Los partidos de la oposición todos tenemos visiones distintas de la sociedad, somos distintos, somos diversos, pero lo que debe primar acá es un objetivo común que tiene que ver con defender la niñez, con defender el Estado de derecho, que hoy día se ha visto vulnerado, con defender también nociones mínimas de justicia y derechos humanos.
En eso creo que tenemos que estar unidos como oposición. Pero también hay que decir que hay sectores de Chile Vamos que desde luego están mirando esto con mucha inquietud y que tampoco les convence y están molestos con la permanencia del ministro Rabat y del subsecretario en sus cargos.
Posterior a la realización de esta entrevista, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, fue removido de su cargo. En su reemplazo, asumió la abogada Josefina Soto
